Las pequeñas y medianas empresas (pymes) serían las más perjudicadas en caso de aprobarse tal como está la reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para efectuar el cobro a las plataformas digitales, coincidieron industriales y especialistas en el sector.
- De acuerdo con el extinto Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), hasta 2018 sólo 2 de cada 5 micro, pequeñas y medianas empresas de las más de 4 millones que había entonces en México tenían presencia digital. Algo así como 1.6 millones del total de unidades económicas de este tipo en el país.
- Uno de los mayores desafíos se encuentra en que las autoridades fiscales requieren mayor información de los participantes de la plataforma. Sissi de la Peña, gerente de comercio digital y organismos internacionales de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), ejemplificó que para el caso de la plataforma Airbnb, las autoridades requieren información como RFC, CURP, número de predial, domicilio fiscal y cuentas bancarias de los usuarios proveedores del servicio, lo que representa un mayor compromiso con la seguridad de los mismos.
- “Si tú (gobierno) me obligas a hacerlo, yo tengo que tener un sistema enorme que me asegure que tus datos cumplen con todos los sistemas de seguridad. También son esos sistemas de seguridad que tú vas a tener que implementar para poder cumplir, eso en las empresas grandes, imagínate una empresa chiquita, ¿puede cumplir con todo eso y con los sistemas de seguridad?, los sacas del mercado”, dijo a Forbes México.
- Además, señaló que este incremento de información en poder de plataformas digitales podría incurrir en violaciones a otras regulaciones, como las leyes generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.
Las pymes tendrían un mayor costo para estas medidas no solo en cuanto a infraestructura sino también en capacitación de personal y nuevos desarrollos de áreas que atiendan la parte fiscal, aseguró Luis Antonio González, del despacho Sánchez Devanny, en conferencia de prensa en conjunto con la ALAI.
- “Con esto lo que se prevé es que las pymes sean las que tengan un impacto más fuerte
porque el capital que se requiere para toda esta implementación es un capital importante. Además, la parte del entrenamiento del personal y en muchos de los casos creación de áreas para darle cumplimiento para los lineamientos que trae la reforma”, expuso. - “En las empresas chicas se requerirá de algún desarrollo de sistemas y políticas internas, que no necesariamente será una intención de no cumplir, sino simplemente de no tener las capacidades económicas y materiales para dar cumplimiento per se a la reforma en todas sus disposiciones”.
- Actualmente, la reforma plantea que las empresas tendrán apenas 30 días después de la publicación de las reglamentaciones de estos ajustes para operar con la nueva legislación; sin embargo, destacó De la Peña, estos cambios requieren por lo menos un año de adaptación. “En Colombia nos llevó 18 meses, y no terminó ahí la implementación”, dijo.
- De acuerdo con Grecia Macías, abogada de la R3D por la Defensa de los Derechos Digitales, a diferencia de las grandes empresas, las pymes tendrían que destinar una mayor cantidad de recursos para desarrollar sus plataformas digitales, lo que bloquearía su acceso a la red.
- “Al no tomar en cuenta la disparidad entre estas dos, se podrían generar barreras de entrada que provocaría que las pequeñas empresas no pudieran acceder (a la economía digital) y haría una especie de geobloqueo que afectaría a los usuarios”, indicó durante el evento.
En ese sentido, destacó además que reduciría el interés de empresarios y emprendedores por tener presencia en México ante estas barreras.
Se prevé que la discusión de esta reforma, parte del Paquete Fiscal para 2020, se dé a más tardar el próximo jueves 17 de octubre, para después trasladarse al Senado./FORBES-PUNTOporPUNTO
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