- «En Estados Unidos, si alguien no quiere pagar impuestos y ocupa un documento falso que es otorgado por un tercero, es un tema de cárcel. Aquí, se conoce el fraude y no se hace nada», dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, ante los señalamientos de diversos senadores que calificaron de «terrorismo fiscal» a la ley que se aprobó en la Cámara Alta y que equipara la defraudación fiscal como crimen organizado.
- El funcionario federal hizo referencia a una observación que hizo en su momento, Jaime Serra Puche, cuando fue subsecretario de ingresos en Hacienda, quien dijo que la frase que más se escuchaba en la década de los 80 y parte de los 90 era “con factura o sin factura”.
- «Esa frase ha cambiado, ahora nos preguntan si necesitamos factura», indicó el funcionario en su primera comparecencia como secretario de Hacienda en el Senado de la República.
- Herrera dijo que conoce muy pocos países en los que se hable tan abiertamente de la probabilidad de poder hacer algún tipo de defraudación fiscal como en México.
- “Hay pocos lugares en donde se le plantea a alguien que se puede evadir (impuestos). En muchos lugares se hace a escondidas, aquí se hace abiertamente. Ésa es una de las razones por las que se están poniendo estas medidas”, dijo el titular de la SHCP.
Herrera Gutiérrez reconoció que la percepción generalizada de que es un exceso que la defraudación fiscal se iguale al crimen organizado, es en parte por culpa de las autoridades por no saber comunicar y explicar la importancia de estas medidas.
Directamente a la senadora de Morena, Lilly Téllez, quien reclamó que se busque castigar a cualquier contribuyente que pueda tener un error en su declaración de impuesto, el funcionario respondió que la ley establece que se investigará a quienes no hayan reportado el pago de impuestos por 10 millones de pesos. «Esto significa que alguien que evade esta cantidad es porque percibe ingresos de hasta por 30 millones de pesos».
El funcionario aclaró que, si alguien es señalado por la autoridad, se tiene que pasar por diversos filtros para que pueda ser acusado por defraudación fiscal.
Primero, explicó, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza una auditoría y establece la existencia de un delito. Después, va a la Procuraduría Fiscal de la Federación, que se encargará de investigar y determinar si es un delito fiscal calificado o no.
En caso de que sí haya delito, se envía a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual deberá formular una querella y si determina que sí hay delito, se envía a un juez para que se determine si hubo o no, una conducta delictiva.
- «De tal forma que no es una decisión exclusiva de Hacienda; están involucrados el SAT y la Procuraduría Fiscal, como también dos órganos autónomos distintos», dijo Herrera./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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