La Fiscalía General de la República (FGR) presentará los recursos legales necesarios para responsabilizar a los servidores públicos que han incumplido con sus funciones en el caso Ayotzinapa.
• A unos días del quinto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas y ante las críticas por la falta de resultados, la fiscalía recordó que se han iniciado diversas denuncias por irregularidades, ilegalidades y abusos en las investigaciones y procesos.
• También afirmó que desde que ocurrieron los hechos las indagatorias han sido descalificadas.
• Hasta la fecha, 44 personas implicadas en el caso Iguala han sido puestas en libertad.
• Entre los exonerados se encuentra Gildardo López Astudillo El Gil -señalado como uno de los presuntos líderes de Guerreros Unidos, organización vinculada con la desaparición de los estudiantes-, así como policías acusados.
FGR dice que presentará los recursos legales necesarios
Asegura que investigación del caso fue descalificada
• A unos días de cumplirse cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y ante las críticas que han hecho sus familiares por la falta de resultados en las investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que presentará los recursos legales que sean necesarias para responsabilizar a los servidores públicos que han incumplido con sus funciones.
• En un comunicado, la FGR señaló que desde que ocurrieron los hechos, el 26 y 27 de septiembre de 2014, la investigación del caso fue descalificada en forma permanente, tanto por la opinión pública como por los padres y familiares de las víctimas.
• Debido a esto, en octubre de 2015, la administración pasada creó una oficina de investigación del caso Iguala “la cual también fue descalificada junto con la ‘verdad histórica’, que fue la versión oficial de los hechos delictivos referidos, y la cual también fue impugnada por peritos y expertos internacionales”.
• La dependencia precisó: “Durante todo ese lapso se iniciaron diversas denuncias por parte de familiares, organismos internacionales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH], en razón de las irregularidades e ilegalidades y abusos que se habían dado en las investigaciones y procesos sobre este asunto, llegando algunos de estos recursos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN]”.
Debido a esto, el 31 de mayo de 2018, un Tribunal Colegiado emitió una sentencia en amparo, indicando que se debía reponer el procedimiento aplicando, en forma independiente a la entonces PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones; también deberían establecerse las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados.
• La institución señaló que tras designarse a Omar Gómez Trejo como nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa, se ha tratado de obtener toda la información de los procesos y de las gestiones ordenadas por la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas.
• Incluso el juez de Distrito en Matamoros dio un plazo de 10 días para el cumplimiento de los protocolos de Estambul, a lo que la Fiscalía de Ayotzinapa le solicitó la ampliación del plazo para tal cumplimiento, “en razón de que cada una de los investigados tiene que dar su anuencia y dicho protocolo no lo podía aplicar la FGR y se tenía que encontrar una institución inobjetable que los realizara, proponiendo para ello a las autoridades de la Ciudad de México en materia de derechos humanos. A todo lo anterior el juez de Distrito se negó, otorgando la libertad a los policías locales procesados”.
• Ante esto, la FGR indicó que la Fiscalía de Ayotzinapa presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes “en toda esta trayectoria delictiva han incumplido con sus funciones y, asimismo, para generar las acciones que puedan iniciarse al margen de la sentencia a la que ya se ha hecho mención”.
• Hasta la fecha, 44 personas implicadas en el caso han sido puestas en libertad, entre ellos Gildardo López Astudillo, El Gil, señalado como uno de las presuntos líderes de Guerreros Unidos, organización vinculada con la desaparición de los normalistas, y policías acusados en el caso, quienes alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones y que fueron puestos en libertad por parte de un juez de Distrito en Matamoros.
• La desaparición de los estudiantes formó parte del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sólo reportó la creación de la Comisión de la Verdad, pero ningún avance en las investigaciones del caso.
• El pasado 11 de septiembre, tras un encuentro con familiares de los normalistas desaparecidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó su compromiso de encontrar a los estudiantes lo más pronto posible, puesto que, afirmó, este es un asunto de justicia y humanismo.
“Reafirmamos nuestro compromiso de encontrarlos lo más pronto posible. Estamos aplicándonos a fondo. Es un asunto entrañable, de justicia y humanismo”, indicó el Mandatario federal en su cuenta de Twitter, donde compartió imágenes con los familiares de los jóvenes en Palacio Nacional./EL UNIVERSAL-PUNTOporPUNTO
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