Por Eduardo Ibarra Aguirre
Las autoridades capitalinas, encabezadas por Claudia Sheinbaum, disponen de una semana para negociar y atender las demandas de los transportistas que se movilizaron el miércoles 4, bloqueando varias de las arterias principales de la Ciudad de México con mil 300 manifestantes, pero eso sí 423 microbuses –300 de los 18 mil existentes, según el dato oficial–, y unidades del metrobús, generado una situación vial caótica que afectó a buena parte de la megalópolis con sus 20 millones de habitantes.
Envalentonados con los saldos, los dirigentes de las 11 rutas que se agrupan en la Fuerza Amplia de Transportistas amenazan con realizar un paro total el lunes 17, primer día de labores después del puente con motivo de las fiestas patrias y fecha de la presentación del I Informe de la jefa de Gobierno e hija de mi amigo Carlos Sheinbaum Yoselevitz.
Las demandas de los transportistas son entre otras: Incremento de al menos dos pesos a la actual tarifa. Que cada concesionario defina si acepta o no la colocación de barras contadoras en sus unidades. No ser integrados a la tarjeta de prepago cuyos recursos maneje el gobierno de la ciudad. Que no sea obligatoria la compra de nuevas unidades mediante arrendamiento.
A cambio, los generosos transportistas que ocultan bien cuántos son obreros del transporte y cuántos concesionarios en una ciudad donde menos de 50 inversionistas acaparan todo el negocio, no ofrecen nada a los usuarios y automovilistas que no sean bloqueos y dificultar la transportación hasta rayar en el importamadrismo, pues no entienden que sin el apoyo de los capitalinos su lucha está destinada al aislamiento y la crítica generalizada porque más que a las autoridades dañan a los habitantes de la Ciudad y el Valle de México.
Los dirigentes explican sus exigencias desde una perspectiva sellada por el voluntarismo y el blof. Explican que subsidian a los usuarios con ocho pesos en cada viaje, ya que el servicio debería costar 14 pesos –mientras que nada informan del subsidio de 30 mil pesos recibidos en el sexenio pasado para la compra de cada microbús y adquiridos a menor precio al obtenerlos en paquete y bajo la protección del gobierno capitalino–; arguyen que la tarifa actual es un problema que está llevando a la quiebra a muchas empresas y aún a los llamados hombre-camión. Llegará un momento, aducen, en que la solución sea peor para la ciudad, que deberá utilizar mayores recursos de los ciudadanos para ofrecer subsidios o para los habitantes, quienes deberán pagar mayores incrementos de un solo golpe. Y sentencian: “Es necesario que los ciudadanos sepan que si quieren un transporte eficiente y cómodo, tiene un costo, como todo en la vida”. ¡Ah!
En tanto que las autoridades que lo son más cuando velan y protegen el interés público, aseguran que en 2019 “no habrá aumento en las tarifas del transporte porque no será autorizado. O en todo caso, digo, un aumento sólo es justificable si va acompañado de una mejoría en el servicio, para lo cual se requiere la supervisión ya que en la negociación del último aumento, lo suscrito por autoridades y transportistas quedó a la voluntad de los propietarios y choferes, incapaces de respetar acuerdos tan elementales como es no usar el teléfono mientras se maneja.
En última instancia las decisiones serán producto del diálogo y la negociación entre todos los componentes del ramo, y no del chantaje de unos cuantos dirigentes y concesionarios que se sienten con derecho a violentar el derecho al libre tránsito de los capitalinos.
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