El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha hecho uno de los temas centrales de su administración: las condonaciones se acabaron y la evasión fiscal -cuyos efectos se estiman en una pérdida de 1.6 billones de pesos- se debe equiparar con la delincuencia organizada. Para ello, una reforma constitucional llegó a mediados de agosto al Congreso de la Unión.
Quien tendrá a su cargo litigar desde el Estado para devolver al fisco lo evadido es Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación. En sus oficinas del sur de la Ciudad de México, advierte de un esquema que estaba aceitado para proteger la evasión, una Fiscalía General de la República (FGR) con procedimientos empantanados y un Servicio de Administración Tributaria (SAT) que enviaba expedientes a discreción, así como “infiltrados desde la fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y diversos entes del gobierno”./LA JORNADA-PUNTOporPUNTO
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