Ana Gabriela Guevara, investigada durante el gobierno de Felipe Calderón por defraudación fiscal, fue perdonada por este delito en agosto de 2014, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, un mes después de que la exvelocista declinara a ser la candidata de Morena a la gubernatura de Sonora.
El 14 de marzo de 2014, en una gira por Sonora, el entonces líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los candidatos a postular para la elección de gobernador en 2015 serían Ana Gabriela Guevara Espinoza o Alfonso Durazo Montaño.
- Justo en esos meses cuando se definía internamente el candidato de Morena en Sonora, la entonces senadora intentaba librarse de una acusación penal que se encontraba congelada en un juzgado federal, pero que una vez que dejara el cargo se reactivaría.
- La investigación en contra de la exmedallista olímpica venía desde el sexenio de Calderón Hinojosa, cuando en mayo de 2010 los contadores de Hacienda detectaron que había omitido el pago de impuestos en 2005, ocasionando un daño al erario por 699 mil 681 pesos con 35 centavos, de acuerdo a documentos obtenidos por este medio.
El 11 de agosto de 2014, altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entonces dirigida por Luis Videgaray, elaboraron un escrito para otorgarle el perdón fiscal y solicitar el sobreseimiento del proceso penal seguido en un juzgado federal.
El perdón fiscal es una gura prevista en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación que en los últimos tres sexenios ha sido muy controvertida porque se realiza de forma discrecional y selectiva.
Además, la SHCP no está obligada a fundar y motivar su decisión y se resiste a dar a conocer la lista de los perdonados.
Ahora se sabe que Guevara Espinoza, actual titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), fue una de las que se benefició con esta gura y justo en un contexto político, en el que declinó aceptar la propuesta de López Obrador para competir por la gubernatura de Sonora y después apoyó a la entonces candidata del PRI, Claudia Pavlovich Arellano.
Una investigación antigua
El 16 de agosto de 2010, tres meses después de que los auditores descubrieron que Guevara Espinoza había consignado ingresos menores a los realmente obtenidos, había omitido el pago de ISR y conseguido deducciones sin documentación, la Dirección General de Delitos Fiscales de la SHCP formuló una querella ante la entonces llamada Procuraduría General de la República (PGR) por la probable comisión de un delito fiscal.
La PGR inició una averiguación previa y el 2 de agosto de 2011 finalmente logró consignarla ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, donde quedó registrada como causa penal 106/2011, según se lee en los expedientes judiciales entregados a este medio vía transparencia.
El 27 de enero de 2012, en una gira por Sonora, el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, anunció que la exatleta sería postulada al Senado. El 5 de marzo de 2012 se le dictó a Guevara Espinoza el auto de formal prisión, pero debido a que el delito no fue considerado grave, consiguió quedar en libertad.
El Ministerio Público se inconformó porque el juez no suspendió los derechos políticos de Ana Guevara, lo que le hubiera impedido ser candidata al Senado. El abogado de la acusada alegó que su defendida estaba en libertad bajo caución.
El 29 de agosto de 2012, Ana Gabriela Guevara tomó protesta como legisladora y dos días después el juzgado recibió una notificación sobre el nuevo cargo de la acusada, por lo que suspendió el proceso en su contra.
- “Se suspende el procedimiento en la presente causa hasta en tanto no sea removida la inmunidad procesal [fuero constitucional], por virtud de la cual tiene protección constitucional”, se lee en el documento judicial.
La PGR se inconformó ante un tribunal unitario porque la exatleta no era servidora pública al momento de cometer los delitos imputados y porque la acción penal había sido ejercida antes de tomar protesta al cargo. Sin embargo, la apelación no prosperó.
La investigación quedó congelada por casi dos años hasta que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se solicitó el sobreseimiento./EL UNIVERSAL-PUNTOporPUNTO
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