Por Eduardo Ibarra Aguirre
Pegó de lleno y directo el “llamado respetuoso, no es una orden, no es por la fuerza”, del titular del Ejecutivo federal a las dirigencias de los partidos para que devuelvan a la Secretaría de Hacienda “cuando menos la mitad” de los 5 mil 239 millones de pesos que solicitará el Instituto Nacional Electoral para el financiamiento de los institutos en 2021, sin contar una suma equivalente que perciben en los estados.
Antes de formular la propuesta en la mañanera del miércoles 7, el presidente Andrés Manuel –ya nadie me regaña por llamarlo así, bajo el argumento de “no te conoce”, aunque ahora señalan “pérdida de distancia crítica”; gracias–, mostró una reducción sustantiva, del 83% en el gasto de la Presidencia en el primer semestre de 2019 al erogar 385.9 millones respecto a 2 mil 360.9 gastados por Enrique Peña Nieto en enero-junio de 2018.
Para AMLO lo anterior “me da autoridad moral para hacer la propuesta”, y de pasada sostuvo que, por honestidad, los articulistas y expertos que lo cuestionaron por los presuntos gastos suntuosos en comida deben ofrecer una disculpa. Ninguno de los practicantes de la política del rencor lo hizo y no faltó quien presumiera estar consciente de la respuesta ofrecida por Obrador y Presidencia, pero “no importa” porque la noticia “ya se viralizó” (sic cibernético).
Por supuesto que la autoridad moral ayuda, más si se interpreta adecuadamente. “La autoridad moral, en el lenguaje ético o político, se refiere al estatus de ser respetado por su trayectoria moral y seguir y defender un estándar de justicia o de bondad reconocido universalmente”.
Importa más la certeza y pertinencia de una idea, que la hagan propia millones de personas hasta convertirla en clamor, como sucedió en la campaña de 2018, en la que el candidato triunfador trabajó a ras de tierra, recorrió casi todo el país, mientras Ricardo Anaya y José Meade privilegiaron los actos en las grandes urbes, en salones cerrados y de lujo, en un derroche de recursos visible para la ciudadanía.
Las reacciones fueron inmediatas y diversas. La de Morena fue regateada por Ciro Gómez en Imagen Noticias para exhibir que ni con ella contaba el presidente, cuando Yeidckol Polevnsky sugiere una reducción del 75%. El de la Revolución Democrática (Ángel Ávila) lloriquea porque “se pretende afectar el trabajo de la oposición”. Lo mismo hace Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, pero con otros pretextos. En tanto que el Revolucionario Institucional, reducido al mínimo, subraya dos ideas: la austeridad debe abarcar de manera racional a todo el sistema electoral y no sólo a los partidos, al tiempo que propone conjugar la austeridad con la equidad.
Tiene razón el PRI porque el escandaloso gasto pasa por el presupuesto del INE, los sueldos y prestaciones de la elite burocrática, y por los órganos estatales. Y más aún por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, institución que en 2006 sobre todo, pero también en 2012, dejó mucho que desear su trabajo, para decirlo en forma educada, los señalamientos ciudadanos y partidistas son muy estridentes.
Concebidas las prerrogativas de los partidos políticos como dependientes de un mandato constitucional, Lorenzo Córdova Vianello anticipa como indispensable un cambio a la Carta Magna para llevar a cabo una reducción. O bien cambiar la Ley General de Partidos Políticos, para reducir el financiamiento local que reciben los institutos y cuyo monto es similar al federal.
Como fuere, la reducción del gasto en el sistema electoral mexicano es una tarea madura y por ello impostergable en nuestra democracia política.
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