Si bien la implementación de marcos financieros regulatorios ha mejorado la transparencia de la deuda local, las auditorías federales recientes revelaron que no todos los gobiernos estatales y municipales están cumpliendo las nuevas reglas, especialmente las relacionadas con las obligaciones financieras de corto plazo, las cuales son más riesgosas, indicó Moody’s.
- “Desde la implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y desde el 2016 con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en México, los requerimientos de contabilidad y transparencia de la deuda estatal y municipal se fortalecieron, y requieren que los gobiernos locales y regionales reporten todas sus obligaciones de deuda, así como estados financieros completos”, explicó la agencia en un reporte.
- “Las prácticas inconsistentes de divulgación de información, así como los deficientes controles internos y la falta de planeación, indican que, en general, las prácticas de gobierno de las administraciones locales y regionales en México sí han mejorado, pero permanecen débiles en varios aspectos y continúan presionando el desempeño financiero y la liquidez”, añadió.
Desde el 2017, las entidades y municipios requieren reportar toda la información de su deuda de largo plazo, así como de otras obligaciones (incluyendo préstamos de corto plazo, arrendamientos financieros, factoraje, garantías y Asociaciones Público-Privadas) de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera y la Ley General de Contabilidad Gubernamental tanto en sus estados financieros como en el Registro Público Único de deuda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La calificadora expuso que a pesar de que el Registro Público Único de deuda ya provee de información con mayor detalle sobre las obligaciones de los gobiernos locales y regionales, la Auditoría Superior de la Federación revela que algunas administraciones estatales no están divulgando la totalidad de su deuda de corto plazo.
- “La auditoría también señala que hay discrepancias entre los balances de deuda de largo plazo reportados en los estados financieros y los balances en el Registro Público Único. En parte, esto puede explicarse por ser los primeros años de aplicación de esta reglas y falta de comprensión de cómo se deben reportar la deuda y otras obligaciones”, agregó.
- Por ejemplo, ahondó Moody’s, Michoacán no reportó nueve préstamos de corto plazo por 6,482 millones de pesos (30% del total de la deuda reportada o 9% de los ingresos totales) ni en sus estados financieros del 2017 ni en el Registro Público Único y el estado no pudo comprobar el uso de los recursos obtenidos de los créditos de corto plazo por 10,227 millones de pesos, de acuerdo con la auditoría.
- Además, la auditoría encontró diferencias por 3,589 millones de pesos entre la deuda de largo plazo reportada en los estados financieros de Michoacán y la reportada en el registro de deuda.
- “En el caso de Baja California, reportó deuda financiera por 11,846 millones de pesos, mientras que el monto auditado fue por 12,648 millones. El Estado de México reportó deuda de largo plazo equivalente a 38,300 millones, mientras que el monto auditado fue de 39,200 millones. La Ciudad de México reportó diferencias por 2,630 millones de pesos entre sus estados financieros y el registro público de deuda. Adicionalmente, el municipio de Hermosillo no pudo comprobar el uso de 150 millones de la deuda de largo plazo que contrató por 681.2 millones”, detalló la calificadora.
Análisis crediticio
La divulgación de la deuda total es crucial para el análisis crediticio que realizamos ya que permite evaluar correctamente la capacidad y voluntad de una entidad o un municipio de cumplir totalmente con el pago de sus obligaciones de deuda en tiempo y forma, ahondó Moody’s.
- “La falta de información completa, especialmente en la relacionada con la deuda, genera incertidumbre en cuanto al cálculo de los niveles reales de la carga de la deuda, el servicio de la deuda y los riesgos de liquidez, y tiene un peso en el perfil crediticio de cada emisor”, refirió./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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