ERNESTO ZAPATA
A las 4:25 de la madrugada del pasado 30 de junio, un habitante de la comunidad San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya, estado de México, escuchó las primeras ráfagas: ¡Tatatatatatatatata!
Se había iniciado un enfrentamiento entre miembros del Ejército e integrantes del crimen organizado que se resguardaban en una bodega ubicada en un lugar conocido como Cuadrilla Nueva.
Después del sonido de las ráfagas, provenientes de las armas de los delincuentes, el poblador escuchó ¡Pum…Pum…Pum! Eran los miembros del Ejército, quienes respondían el ataque con tiros de precisión.
El testimonio aportado por este poblador a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, otros testimonios y diversas actuaciones realizadas por este organismo, permiten reconstruir los hechos de Tlatlaya, en donde, tras un enfrentamiento, elementos del 102 Batallón de Infantería del Ejército ejecutaron de manera sumaria a por lo menos 15 personas, cuando el enfrentamiento ya había terminado.
En medio de la balacera, uno de los delincuentes tomó su celular, que había recargado unas horas antes en el pueblo, y llamó a su mujer: “el gobierno nos está confrontando”.
Los militares traían consigo potentes lámparas, que les permitían observar hacia adentro de la bodega, sin ser vistos por los criminales.
¡Ríndanse, somos el Ejército! Gritó el sargento que iba al frente del grupo, formado por ocho elementos.
El intercambio de fuego entre los delincuentes y los militares duró aproximadamente diez minutos.
Luego de una pausa, el poblador escuchó nuevas detonaciones, de tiro en tiro y en forma más pausada que antes, mezcladas con gritos de clemencia.
–¡No me mate, por favor! –escuchó el testigo desde su casa, ubicada a unos pasos de la bodega en donde ocurrieron los hechos.
Luego escuchó entre diez y doce tiros pausados.
“Están matando a los guachitos viejo”, le dijo su esposa mientras se escuchaba: ¡Pum….Pum….Pum!
SICARIOS DE LEVITA
Dentro de la bodega había de todo: estaban varios integrantes de un grupo delictivo que un día antes habían bajado al pueblo vestidos con uniformes camuflageados similares a los de la Armada, pero con huaraches, a comprar refrescos y a recargar sus celulares.
En este grupo estaba una joven de 15 años de edad, quien también vestía con el uniforme camuflageado, y que además portaba un arma y un radio de comunicación.
En la bodega también estaban varios jóvenes que, de acuerdo con sus familiares, habían sido reclutados por este grupo por la fuerza, dos mujeres que también aseguran haber sido reclutadas por la fuerza y la mamá de la joven de 15 años, que asegura haber estado en ese lugar para buscar a su hija, que “andaba en malos pasos”.
Las tres mujeres fueron las únicas sobrevivientes de ese grupo de 25 personas que se encontraba dentro de la bodega cuando llegó la patrulla del Ejército.
Las tres sobrevivientes aportaron a la CNDH sus testimonios sobre lo que pasó ahí esa madrugada, los cuales son fundamentales para la reconstrucción de hechos, pues son muy coincidentes.
¡YA NOS CAYERON LOS CONTRAS!
Cuando el Ejército llegó a la bodega, uno de los delincuentes gritó: ¡Ya nos cayeron los contras!
En ese momento, varios de los delincuentes tomaron sus armas y empezaron a lanzar ráfagas de adentro hacia afuera, un tanto desorientados, pues la potente luz que los militares echaron sobre la bodega les impedía ver hacia afuera.
El líder del grupo, no identificado ni siquiera con su apodo en el informe de la CNDH, aprovechó la confusión y huyó.
Los militares gritaron: ¡Ríndanse, somos el ejército!, pero los delincuentes no dejaron de disparar.
En ese momento, Julia –identificada así por la PGR— bajó de una de las tres camionetas que estaban en la bodega y empezó a buscar a su hija, la menor de 15 años que formaba parte del grupo delictivo, quien para entonces ya había muerto.
Algunos integrantes de la banda les pidieron a las otras dos mujeres y a dos hombres que se acostaran boca abajo para amarrarles las manos y les indicaron que dijeran que estaban secuestrados.
Momentos después ingresaron a la bodega los militares y se llevaron a las tres mujeres y a los dos hombres que estaban con las manos amarradas hacia uno de los cuartos de la bodega.
En sus declaraciones rendidas ante la CNDH, las tres mujeres aseguran haber visto cómo los militares sometieron a los jóvenes que aún estaban vivos. Uno por uno los hincaron, los pusieron contra la pared, les preguntaron sus nombres y apodos, y los mataron.
Lo mismo hicieron con los dos jóvenes que tenían las manos amarradas. Los sacaron del cuarto a donde los habían llevado con el argumento de que les sacarían “una foto”, pero ya fuera del cuarto los mataron.
De acuerdo con la recomendación 51/CNDH, emitida por la CNDH, los militares alteraron la escena, reacomodaron algunos cadáveres y colocaron armas cerca de algunos de los cuerpos.
El grupo armado poseía todo un arsenal, compuesto por 16 armas tipo AK-47, seis AR-15, dos escopetas, un fusil y 13 pistolas, además de 96 cargadores para arma larga, 17 cargadores para arma corta, 1 granada de mano defensiva y cartuchos para armas de distintos calibres.
Pero según la CNDH, solo 11 de esas armas fueron accionadas y solo 8 de ellas por los presuntos delincuentes, por lo que se presume que los militares mataron a varios de los jóvenes con sus propias armas.
Fuera de la bodega quedó el vehículo de transporte militar con 19 impactos de arma de fuego en la parte del lado del piloto, en una llanta trasera y en el medallón.
A un lado quedó uno de los ocho militares con heridas de arma de fuego en el antebrazo.
ENCUBRIMIENTO
La Procuraduría General de Justicia del Estado de México intentó encubrir a los militares responsables de las ejecuciones sumarias.
El agente del Ministerio Público de Tejupilco arribó al lugar de los hechos hasta las 12:30 del día 30 de junio, ocho horas después de que se iniciara la balacera.
El MP permitió que se alterara la escena y no hizo una adecuada custodia, pues en esta no incluyó los teléfonos celulares, ni el equipo de radiocomunicación que portaban los delincuentes.
Personal de la PGJEM torturó a dos de las mujeres sobrevivientes para que no incriminaran a los militares y para que evitaran señalarlos como los responsables de haber dado muerte a varios de los jóvenes cuando ya se habían rendido.
Por estos hechos, la PGR consignó ante un juez del fuero civil a siete militares, tres de los cuales están acusados del delito de homicidio calificado.
Pero aún no se sabe quién dio la orden de ejecutar a los jóvenes que ya habían sido sometidos.
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