La Ley de Austeridad que aprobó el Senado, la cual establece que deberán pasar 10 años para que altos servidores públicos puedan trabajar en el sector privado tras dejar el cargo, viola su derecho a trabajar, por lo cual pueden acudir ante la Suprema Corte, aseveró Elisur Arteaga Nava, experto en derecho constitucional de la UAM.
Legisladores y funcionarios públicos pueden impugnar la Ley de Austeridad a través de una acción de inconstitucionalidad, una controversia constitucional y por un juicio de amparo, explicó el especialista de la UAM-Azcapotzalco, en entrevista con 24 HORAS.
- “En caso de que se presente alguna de estas acciones jurídicas ante la Suprema Corte, el ministro presidente lo turnará a un ministro quien será el que se encargue de presentar el proyecto ante el pleno para su discusión”, explicó el constitucionalista.
- El académico señaló que en lo individual cualquier funcionario también podría acudir ante la Corte.
- “Esto limita la libertad de trabajar y además esta privando el derecho que establece el Artículo 123 que dice: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; y el Artículo 5 constitucional que dice: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”, detalló.
La Ley de Austeridad también fue cuestionada por la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casas, quien dijo que de aprobarse la discrecionalidad al Presidente en el ejercicio de los recursos públicos, los legisladores estarían abdicando en las facultades que tienen respecto a la aprobación de ingresos y egresos y de definir el destino que tienen los gastos públicos.
- “Esto significa que la división de poderes se está achicando, de una facultad que tiene los diputados para decidir el destino de los recursos a hora pasa al Ejecutivo a través de una instrumentó de un ordenamiento jurídico que está muy por debajo de la Constitución y anula la división de poderes”, advirtió.
- Al respecto, senadores de oposición advirtieron que la partida discrecional que aprobaron los senadores de Morena y sus aliados, es mayor a la que en su momento manejó el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.
- De acuerdo con el senador panista, Damián Zepeda la partida que tuvo en su momento Salinas fue de 2 mil 700 millones de pesos, mientras que la partida autorizada para López Obrador, va entre los 90 y 120 mil millones de pesos.
- “No es comparable con Salinas, porque hace verlo chiquitito, es mil veces más abusiva que lo que tenía Salinas y otros ex presidentes”, declaró el panista.
El presidente del Senado, el morenista, Martí Batres negó que hayan aprobado una partida secreta.
Recordó que la partida secreta era la asignación de un monto presupuestal para que fuera manejada directamente por el Presidente, “y esa partida no era auditada, no era informada, no era reportada”.
De acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Austeridad, los recursos que se obtengan por ahorros, “se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por Decreto determine el Titular del Ejecutivo”./24 HORAS-PUNTOporPUNTO
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