En los primeros seis meses de la administración del presidente López Obrador el dinero parece que es el causante de sus crisis más significativas.
La suspensión de las obras del nuevo aeropuerto de la ciudad de México trajo consigo una considerable erogación por concepto de indemnizaciones a los inversionistas; una obra suspendida por la sospecha de corrupción, en vez perseguir el delito, se detuvo una obra necesaria para el país.
Así también trascendieron escándalos como la reducción de presupuesto a las estancias infantiles, bajo el supuesto de corrupción en su ministración y que todavía no ha sido solucionado del todo. Este escándalo detonó luego de conocerse que la clase política local en las Entidades Federativas es, quién posee el negocio de las guarderías infantiles, como otros negocios de la administración pública, como las gasolineras o los contratos de gobierno.
Pero hay funciones de gobierno que por la prestación en su servicio y por el estado de decadencia de los derechos humanos, la ciudadanía responde de manera sensible a estos recortes. Se trata de la reducción en el presupuesto para búsqueda de personas y en las unidades antisecuestro. Ni hablar de la reducción en hospitales y de la propuesta para retirar las becas a investigadores.
Estas funciones son auxiliares en la de seguridad pública, pero responden a una demanda de la sociedad, cuando hay una política rebasada por negligencia, corrupción y complicidad como lo es, la de seguridad pública.
No solo esto, sino que el círculo de influencia de la reducción presupuestal se amplía a una deficiente doctrina de seguridad, que va desde la Constitución hasta las leyes secundarias del derecho de seguridad mexicano.
Estas deficiencias que en términos de una matriz FODA se convierten en vulnerabilidades o hasta en amenazas, son aprovechadas por el gobierno norteamericano del presidente Donald Trump, para dominar la posición mexicana en la reciente negociación que sostuvo el canciller mexicano en Washington, D.C. para que ese gobierno no impusiera aranceles a las importaciones de productos mexicanos.
Parece que nadie asesoró al gobierno mexicano en advertir que en nuestro país se asienta la embajada norteamericana más grande y con más personal, después que la de Egipto en África y, por tanto, el nivel de importancia que otorga el gobierno norteamericano a los temas de la relación bilateral son de la importancia para contratar alrededor de 400 personas en las oficinas que sostiene el gobierno norteamericano en territorio mexicano.
Parece que nadie le dijo a la cancillería mexicana que la zona de confort para el gobierno norteamericano es la colaboración con la Marina, quien colaboró en la operación Gerónimo que dio muerte a Osama Bin Laden en Pakistán en 2011.
Parece que a nadie en la cancillería se le ocurrió generar una estrategia bajo una coyuntura de colaboración con la Marina. Qué pena.
Mientras tanto, México destinará aproximadamente 6,000 elementos de la Guardia nacional, que representan un ocho por ciento del estado de fuerza en el país, para atender un compromiso con la administración del presidente Trump.
Ante la incapacidad del gobierno mexicano para combatir la inseguridad y establecer doctrina de seguridad la hipótesis es, que la administración del presidente Trump pretende revitalizar la iniciativa Mérida y, con ello, que el Congreso norteamericano apruebe recursos para la seguridad; no para cuidar de los mexicanos, sin para presionar a utilizarse en tales o cuales programas para la seguridad norteamericana.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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