El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) le ordenó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que revele el número de solicitudes de devolución de impuestos que recibió el año pasado por parte de empresas dedicadas a la extracción de hidrocarburos.
• En la sesión de este miércoles, se explicó que un particular le había pedido al SAT que le entregara información sobre el número de solicitudes hechas por titulares de contratos de extracción de hidrocarburos; monto del IVA solicitado; monto devuelto a contribuyentes y las resoluciones sobre el tema en versión pública.
• En su respuesta, el sujeto obligado le informó que en 2018 recibió 19 de estas solicitudes, con un monto total de devolución del IVA de 261 millones 448 mil 985, de los cuales hasta el momento se han entregado 50 millones 777 mil pesos.
• De igual manera, indicó que actualmente se encuentran en proceso otros tres solicitudes recibidas en el 2018, por un monto de 152 millones de pesos, de las cuales todavía no hay un dictamen.
• Sin embargo, el sujeto obligado se negó a entregar las versiones públicas de resoluciones de las solicitudes de devolución, clasificando la información como confidencial por secreto fiscal. Lo anterior, motivó al particular a interponer un recurso de revisión.
• En la fase de alegatos, el SAT aceptó dar a conocer la versión pública de 16 de las resoluciones en cuestión, pero anunció que de todas formas testaría –es decir, tacharía en el documento—varios datos que en realidad no tienen carácter de confidencial, como el número de oficio y de control de los expedientes.
• Al analizar el tema, el comisionado Oscar Guerra Ford concluyó que las resoluciones emitidas por el SAT con respecto a este asunto contienen información “que documentan decisiones y actos de autoridad concluidos, así como el ejercicio y las facultades, actividades de servidores públicos, por lo que dentro de dichas resoluciones existe información pública”.
Asimismo, determinó que los datos de RFC, nombre o razón social del contribuyente, datos del representante legal, domicilios, cantidades, códigos QR y cadena original sí constituyen información confidencial, la cual debe ser protegida en términos del secreto fiscal.
Por lo anterior, Guerra propuso modificar la respuesta del SAT para que emita una nueva respuesta a estas versiones públicas, testando el nombre o razón social de las empresas para proteger el Secreto Fiscal, así como cualquier dato que las pueda hacer identificables, como es su código QR, su cadena original o su Registro Federal de Contribuyentes.
El proyecto fue avalado por unanimidad./LA JORNADA-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
