Las cifras que dio el Fiscal General de la República son de una ausencia de seguridad justicia y alarmantes: 300 mil averiguaciones previas del sistema inquisitorio y carpetas de investigación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio sin resolver, 21 mil ordenes de aprehensión sin cumplimentar, que representaría un 5% de las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.
El ejercicio de la procuración de justicia en la pasada administración tuvo tres titulares y un encargado del despacho: Jesús Murillo Karam, Arely González, Raúl Cervantes y Alberto Elías Beltrán, respectivamente, en cuyo desempeño se depositaría la procuración de justicia, como una función de Estado seriamente debilitada y que la ciudadanía pasó la factura en las elecciones federales pasadas, por su ineficiencia y selectividad en su aplicación.
Estas 300 mil averiguaciones previas o carpetas de investigación que no han sido resueltas, son solo una parte de los casi 34 millones de delitos de delitos que se cometieron en 2017, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
Aquí se encuentra el desistimiento en el ejercicio de la acción penal o la falta de interés jurídico de la representación social en los casos de alto impacto, en actores políticos como Emilio Lozoya, Tomás Zerón, Humberto Moreira y César Duarte, ex director de Pemex, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, ex gobernador de Coahuila, ex gobernador de Chihuahua, respectivamente.
Odebrecht, Tlatlaya y Ayotzinapa, la fuga de El Chapo, el rescate de Humberto Moreira de la justicia española, corrupción y narcotráfico, principalmente, son los delitos de alto impacto que han vulnerado la institución de procuración y justicia del país. Además de los delitos por omisión de la justicia en perjuicio de la función de gobierno que desempeñan, faltaría contabilizar la corrupción al interior de la ex Procuraduría General de la República, así como la permisibilidad en ocupar cargos sin perfiles idóneos para el puesto.
Los diagnósticos de las condiciones de seguridad pública que han realizado organizaciones de la sociedad civil en materia seguridad y de derechos humanos, nacionales e internacionales, coinciden con el detrimento de la función de Estado de seguridad y de procuración de justicia.
De estos diagnósticos deplorables no se salva la impartición de justicia de los órganos jurisdiccionales. Las funciones que desempeñan los órganos del Poder Judicial de la Federación y de las Entidades Federativas también han sido alcanzadas por la corrupción y por imposición de personajes o la falta de perfiles para ocupar cargos de relevancia, como las imposiciones de los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La administración del primer Fiscal General de la República, junto con la administración del presidente López Obrador tiene varios e importantes pendientes. Primero, analizar todas y cada una de las 300 mil averiguaciones o carpetas, para fijar la responsabilidad de sus indiciados; moralizar y reorganizar la estructura organizacional de la institución de procuración y sus atribuciones en las funciones de Estado de seguridad e impartición de justicia.
Por último y no menos importante: ¿quién o quiénes serán los responsables políticos, por acción u omisión, del decaimiento de la institución de justicia y, por extensión, de la seguridad del país? ¿habrá castigo o seguirá la impunidad hacia los responsables?
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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