ERNESTO ZAPATA
“Esta vieja se nos va a morir”, dijo uno de los policías ministeriales del estado de México al ver que la mujer, –sobreviviente de la matanza de Tlatlaya– a la que le habían colocado una bolsa de mandado en la cabeza, mostraba signos de asfixia.
Los tres hombres le quitaron a la mujer la bolsa, pero metieron su cabeza en la taza del baño en por lo menos tres ocasiones, para que firmara una declaración previamente redactada.
Con el aval de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, los ministeriales torturaron a dos mujeres sobrevivientes de la matanza de Tlatlaya para que confesaran pertenecer al crimen organizado y para que no señalaran a los militares de haber ejecutado en forma sumaria a quienes ya se habían rendido.
En su recomendación número 51/2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos incluyó una descripción de la forma en que fueron torturadas física y psicológicamente y sometidas a abuso sexual dos mujeres sobrevivientes de los hechos de Tlatlaya, a quienes solo identificó como V24 y V25.
El pasado 30 de junio, tres mujeres sobrevivieron a la matanza perpetrada por elementos del Ejército en contra de presuntos delincuentes en una bodega ubicada en el poblado de Cuadrilla Nueva en el municipio de Tlatlaya, estado de México.
De acuerdo con los testimonios rendidos por las tres mujeres ante la CNDH, ellas observaron cómo los militares mataron a varios de los que se encontraban en la bodega con premeditación, a pesar de que el enfrentamiento ya había terminado.
En el momento en que los militares ingresaron a la bodega, las tres mujeres aseguraron estar bajo secuestro. Los militares las interrogaron y horas después las pusieron a disposición de la PGJEM. Ahí empezó otro capítulo de la pesadilla para dos de ellas.
PESADILLA EN LA PGJEM
Las tres mujeres fueron trasladadas a la Fiscalía de Asuntos Especiales de la PGJEM, con sede en Toluca, en donde dos de ellas, V24 y a V25, fueron golpeadas, vejadas y amenazadas con ser violadas.
Mientras las mujeres esperaban para rendir su declaración, se apareció un hombre calvo de aproximadamente 35 años, quien se llevó a V24 a un cuarto para intimidarla.
En presencia de otros dos hombres y de una mujer, el hombre calvo le pidió a V24 su contraseña de Facebook y le advirtió que ellos tenían una forma de hacer hablar a la gente sin que se le notaran los golpes.
La bajaron de la silla a jalones, y un hombre la sostuvo de las manos, mientras el hombre calvo la pateaba en los costados. Posteriormente la levantaron de los cabellos y la sentaron de nuevo en la silla.
–¿Quién es el líder? –Le preguntaban con groserías. –¿A cuántos sicarios conoces?
Cuando ella respondía que no sabía, le pegaban en la cabeza con los nudillos.
La dejaron por unos momentos pero le advirtieron que si decía algo de lo que había ocurrido ahí, su hija sería enviada a un orfanato.
EL POCITO
Al día siguiente, en la madrugada, V24 y V25 fueron trasladas de la PGJEM a “otro lugar”.
Fue ahí en donde metieron a V24 a un baño en donde había tres hombres, los cuales le advirtieron: “aquí nosotros hacemos hasta que los muertos hablen”.
Los hombres la golpearon en las costillas y fue cuando le colocaron la bolsa de mandado en la cabeza. Se la dejaban durante varios minutos y solo se la quitaban para interrogarla, para que “confesara”. Así lo hicieron varias veces, hasta que uno de los hombres advirtió: “esta vieja se nos va a morir”.
Fue cuando vino lo del “pocito”, la práctica de introducir la cabeza de la víctima en la taza del baño varias veces, hasta que “confiece”.
Los hombres querían que V24 dijera que las personas fallecidas en la bodega de Tlatlaya habían matado antes a diez personas. Y que los militares no habían ejecutado a nadie.
Con V25, otra de las mujeres sobrevivientes, los ministeriales o madrinas de la PGJEM hicieron prácticamente lo mismo. La golpearon, la jalonearon, le pidieron su contraseña de Facebook y le dieron su dosis de asfixia con la bolsa de mandado.
Cuando rendía su declaración y dijo que las mujeres vieron la forma en que los militares mataron a quienes ya se habían rendido, una funcionaria de la PGJEM la llamó “mentirosa” y le ordenó al escribiente que borrara el señalamiento hacia los militares.
A las dos mujeres, a V24 y V25, las amenazaron en varias ocasiones con violarlas si no confesaban formar parte de la delincuencia organizada.
Tras las jornadas de tortura, las dos mujeres firmaron sin leer las declaraciones ya redactadas que les llevaron.
En su recomendación, emitida el pasado 21 de octubre, la CNDH acreditó que las declaraciones de las dos mujeres rendidas ante la PGJEM fueron obtenidas bajo tortura.
Aún así, el pasado 6 de agosto la PGR consignó a V24 y a V25 por los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Como consecuencia de ello, las dos mujeres fueron llevas tres días después al Centro Federal Femenil Noroeste, ubicado en Tepic, Nayarit, en donde se encuentran actualmente.
SEÑALADAS
Los nombres de las víctimas de tortura son Cynthia Estefani Nava López y Patricia Morales Campos, aunque no se sabe a quién de ellas identifica la CNDH como V24 y a quién como V25.
La PGR las consignó con base en el testimonio de la tercer sobreviviente, identificada por la CNDH como V23, quien aseguró que Cynthia y Patricia en realidad no estaban secuestradas, sino que pertenecían al grupo delictivo que fue abatido por el Ejército.
No obstante, las dos mujeres no fueron consignadas por delincuencia organizada ni delitos contra la salud.
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