Por Eduardo Ibarra Aguirre
La Confederación Patronal de la República Mexicana –organismo empresarial identificado con Acción Nacional, el partido presidido por Marko Cortés, el señor de los moches para obtener recursos vía Cámara de Diputados–, estima que los 87 días del presidente Andrés Manuel “se caracterizan por el embate contra sociedad civil y órganos autónomos, que si bien son perfectibles y mejorables, son una condición necesaria para velar por los intereses de la ciudadanía”.
Si el gobierno de la cuarta transformación mantuviera una embestida de casi tres meses contra la sociedad civil, que no es otra cosa que la sociedad organizada y que incluye a menos de 40 mil organismos y membretes de todo tipo y color, pues ninguno es incoloro en términos políticos e ideológicos, en tal caso los resultados ya estarían a la vista.
Está en su derecho el tabasqueño de Macuspana a tener su propia visión y a opinar sobre aquellos organizaciones y su relación con el Ejecutivo federal, así como a no reproducir el favoritismo de Los Pinos de 2000-18 para con los organismos que presiden Isabel Miranda Torres (Wallace), María Elena Morera y Alejandro Martí, entre otros, y que fueron usados por Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, también el candidato presidencial priista José Antonio Meade, hoy funcionario de HSBC, para criminalizar a luchadores sociales.
Académicos y analistas que se presentan como liberales exigen que López Obrador no se exprese sobre muchos asuntos, que “no califique y descalifique” a sus adversarios, pero éstos y los primeros lo hacen ilimitadamente hasta tergiversar las opiniones que critican.
Los justificadores sistémicos de las políticas gubernamentales por los beneficios que obtenían de todo tipo, ahora tienen la necesidad y la obligación de emerger críticamente con el gobierno de AMLO. Bienvenidos a la crítica, sólo que no pretendan prohibir su ejercicio a los gobernantes. Todos tenemos el derecho a criticar y a responder a las críticas. Lo otorgan al presidente 30.1 millones de votos que por supuesto “no son un cheque en blanco” (Juan Villoro dixit). ¿Tampoco lo es el 86% de respaldo ciudadano?
O justamente es el respaldo sin precedente lo que tanto inquieta a los señores de Coparmex y los magnates que impulsan a un grupo de intelectuales para la resistencia y de la cual todos, hasta Héctor Aguilar Camín, se deslindaron porque “estoy viejo para hacer política”, cuando es lo que sabe hacer.
Respaldo que todo indica no tiene antecedente y sin el cual es impensable explicarse la votación unánime del Senado a la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional y que, seguramente, la reeditará la Cámara de Diputados. Lo anterior no es sinónimo de falta de contrapesos al presidente AMLO y de la existencia de un proyecto para desaparecer a los órganos autónomos, sino al parecer para frenar los derroches en el gasto y dar racionalidad a una multiplicación de oficinas y funciones que no muestran resultados y tampoco la presunta autonomía, pues albergan funcionarios alineados con Peña Nieto y Meade Kuribreña, como lo denuncian analistas independientes.
Fenómenos que tampoco pueden reducirse al esquemita que, según Denisse Maerker Salmón, el presidente prefiere operar “él directamente con el pueblo”.
En contrapartida, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Elena Álvarez-Buylla Roces, es objeto de una campaña de desprestigio en redes sociales sin proporción, como una respuesta a los intereses empresariales que afecta y que está impulsada con amplios recursos económicos.
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