La política del Estado mexicano en materia de protección de la población civil y su patrimonio en casos de desastre, mediante la canalización de subsidios y apoyos, es ineficaz y costosa y abre la puerta a la corrupción y otras conductas ilegales, advirtió la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
- En la tercera entrega del Informe del Resultado de la Cuenta Pública de 2017, presentado esta semana, alerta también sobre el desempeño inadecuado de funciones y facultades, así como la asignación imprecisa de recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden).
- Las debilidades en protección civil, remarcó, quedaron evidenciadas con los sismos de septiembre de ese año, ante los cuales exhibieron fallas las principales dependencias responsables de la prevención y de la atención de los daños.
- Indicó que 85.7 por ciento de los 699 municipios afectados por los sismos en 9 entidades carecía de Atlas de Riesgos. En el caso de Guerrero, ninguno de los 19 municipios que registraron daños contaba con ese instrumento de prevención.
- La responsabilidad de supervisar la elaboración de los Atlas de Riesgo, recordó, corresponde a la Secretaría de Gobernación.
- «La política pública de protección civil siguió siendo de carácter reactivo y no preventivo, por lo que no contribuyó a minimizar costos y pérdidas humanas», reprochó.
Luego de los sismos, indicó, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) evaluó los daños en viviendas sin contar con personal capacitado para la tarea, lo que propició que los diagnósticos definitivos mediante los cuales se solicitaron los recursos del Fonden no contaran con información confiable.
«Los censos y padrones elaborados por la Sedatu, que debían contener el total de vivienda dañada y habitantes afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, carecían de confiabilidad en la información, ya que se detectaron –entre otras inconsistencias– registro duplicado de personas y variaciones no justificadas en los conteos totales de viviendas afectadas», apuntó.
En tanto, señaló, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) no diseñó mecanismos de control para evaluar la calidad de los censos y padrones, lo que le llevó a duplicar la entrega de tarjetas de débito con recursos del Fonden.
- «La Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC) no implementó acciones de coordinación efectiva que permitieran crear sinergias con las instituciones y entidades federativas responsables de la operación del Fonden», señaló.
- «El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobernación no dio seguimiento al desempeño de la CNPC, ni identificó o analizó los riesgos y las acciones correctivas en la ejecución de las actividades del Fonden», agrega el reporte.
- Adicionalmente, indicó, los órganos internos de control en la Secretaría de Educación Pública y Comisión Nacional del Agua no efectuaron revisiones a los recursos ejercidos del Fonden, que para 2017 ascendieron a 17 mil 772 millones de pesos, y no se revisaron los avances físicos y financieros de las obras de reconstrucción.
- «Se observó una falta al principio de inmediatez y una ineficaz coordinación interinstitucional y control integral, que brinden la seguridad razonable para atender a la población e infraestructura afectadas», concluyó./REFORMA-PUNTOporPUNTO
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