Los nombramientos que hizo el titular del Poder Ejecutivo Federal en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concayt) y en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con unos perfiles de poca o nula experiencia para la función que fueron designados, ha traído más desventura que credibilidad.
En Conacyt se nombró a David Alexir Ledesma, un estudiante de comunicación en un cargo de dirección y a una vendedora de ropa interior para dama y que también había sido diputada federal de bajo perfil en la anterior legislatura, para cubrir uno de los principales cargos de ese órgano y administrar los recursos financieros y administrativos del Consejo.
Para dar respuesta, el presidente López Obrador dijo que la mafia académica es, quien se opone a estos nombramientos.
La cosa no terminó aquí. En la comparecencia de los candidatos a consejeros de la Comisión Reguladora de Energía, en lo que parecería un acto de ingenuidad, divulgaron su llano desconocimiento en materia energética, pero eso sí, con voluntad para aprender en el ejercicio del cargo y contratar cuantos asesores sean necesarios.
Pero, además, se abrió un frente de crisis con el presidente de la CRE, por un presunto conflicto de intereses, quien ha solicitado una audiencia privada con el presidente de la República.
Finalmente, los nombrados servidores públicos de CONACYT tuvieron que separarse de su encargo por presión de la opinión pública y no como un reconocimiento personal a su falta de pericia para el cargo.
La reflexión es que, al inicio de un periodo de gobierno, con un régimen político en estreno en el ejercicio en el poder, en un país con crisis de seguridad y con unas desacertadas decisiones de política pública, en materia de infraestructura y económica, es muy costosa la curva de aprendizaje para enseñar a servidores públicos.
No es la primera vez. En la pasada administración Luis Videgaray reconoció su ignorancia en asuntos diplomáticos y que llegaba a la Cancillería a aprender.
Pero además de la curva de aprendizaje, parece que el Poder Ejecutivo Federal no busca quién se la hizo, sino quién se la pague; ya que así se interpreta la diligente, oficiosa y pronta intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y de la Secretaría de la Función Pública, para explorar cualquier requerimiento en sus finanzas o en algún posible conflicto de interés.
Ojalá que con esa diligencia se abra la posibilidad de explorar las finanzas de las estancias infantiles que posee indebidamente el Partido del Trabajo. Y es indebido porque en su objeto social no se encuentra la administración de centros de desarrollo infantil, en cuyos actos el Instituto Nacional Electoral (INE) debería intervenir para sancionar a ese instituto político.
También que con esa misma diligencia y prontitud explore los demás escándalos de corrupción de la administración pasada, como Odebrecht, la Casa Blanca, la Estafa Maestra o el Nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad de México y algunos otros, y no sólo como una demostración de poder por atreverse a contradecir su voluntad.
Aunque según las encuestas la popularidad del presidente López Obrador sigue inamovible, no debería ser motivo para explorar la resistencia ciudadana al desempeño de su administración.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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