Una espiral de retrocesos aguarda al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), vaticinan desde dentro del organismo. Por un lado, el nuevo Gobierno busca cambios legales para centralizar su funcionamiento (lo que podría paralizar el desarrollo del sector, desincentivar la inversión y minar la libertad de investigación). Por el otro, el Consejo se enfrenta a una reducción de su presupuesto (que agrava las desventajas de México frente a sus competidores internacionales).
- El 8 de febrero de 2019, la Senadora morenista Ana Lilia Rivera Rivera presentó una iniciativa para sustituir la Ley Federal de Ciencia y Tecnología (2002) con la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
- Entre los principales cambios están la consolidación de procesos en aras de una mayor “eficiencia” administrativa, y la definición de “principios y reglas sobre los cuales deberán desempeñarse las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en el país” (Artículo 1, Base I).
- El problema con la centralización radica en que desaparecerá a los “entes armonizadores” de la actividad del Conacyt, cuya labor es establecer y vincular las prioridades nacionales en materia de ciencia, innovación y tecnología.
- Entre ellos se encuentran el Consejo General de Ciencia y Tecnología (máximo órgano que avala y determina las prioridades), la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología (que coordina a los organismos del Conacyt en los 32 estados de la República Mexicana), el Consejo Consultivo de Ciencias (órgano asesor científico), el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (que coordina y asesora a los integrantes del Conacyt), entre otros.
- “El diseño actual –que contempla la Ley vigente– da participación a todos los integrantes del sector para que formen parte de los órganos de rectoría del sistema, establezcan mecanismos de consulta y de coordinación, […] y tomen decisiones acorde a las necesidades del país”, dijo el maestro Jose Alonso Huerta Cruz, presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT), en una entrevista con SinEmbargo.
Con la centralización, “se corre el riesgo de una desvinculación y desarticulación entre los sectores” público, privado, académico y social, que podría desdibujar el impacto de los proyectos para satisfacer las necesidades y las demandas nacionales, abundó. Ello debido a que las decisiones dejarán de ser tomadas por especialistas –como académicos, investigadores, secretarios de Estado, asesores y gobernadores– y pasarán a manos de burócratas y administrativos.
- De acuerdo con la doctora María Brenda Valderrama Blanco, titular de la Academia de Ciencias de Morelos, la Ley “no es tan clara”. Aunque la Dirección General del Conacyt podría asumir todas las funciones de los órganos que desaparecerían y podría reducir “redundancias” operativas, no se sabe quién o cómo determinarán las prioridades nacionales.
- Además de los secretarios de Estado, de científicos e investigadores, las entidades federativas “se van a quedar totalmente como espectadores, tanto de la administración como de la toma de las decisiones técnicas”, lo que impactará en el “ánimo de inversión de los gobernadores y de sus equipos de trabajo”, explicó.
- En consecuencia, no habrá colaboración y acuerdo entre los gobiernos federal, estatal, regional –como el Bajío, donde los estados pueden actuar e invertir en conjunto para resolver temas en común– y sectorial; habrá un “retroceso” en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como estancamiento en el proceso de “gobernanza plural y democrática, con procesos de planeación participativa, según Huerta Cruz.
Por otro lado, los investigadores señalaron que la nueva Ley “atenta contra la libertad de investigación”.
- “La versión anterior, como una Ley reglamentaria del tercero constitucional, establece “los lineamientos bajo los cuales operará Conacyt en su obligación de promoción y fomento de la investigación”. La nueva versión, en cambio, “propone emitir los lineamientos bajo los cuales deberán llevarse a cabo las investigaciones científicas y tecnológicas en México”.
Dicha situación volverá “obsoletos” a los proyectos de investigación e impactará en la “poca” competitividad que tiene el sistema de ciencia, innovación y tecnología de México, en comparación con sus competidores globales “que sí tienen flujo de recursos”.
- Tanto Huerta como Valderrama advirtieron que las modificaciones legales crearán un “círculo vicioso”, ya que sin dinero para que trabajen los investigadores, no habrá recursos para producir artículos. Y con la baja en la productividad, habrá investigadores que salgan del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo que implica que no podrán competir por recursos, situación que propiciará una “espiral descendente” en el desarrollo nacional.
- “La inversión en tecnología en México todavía está muy por debajo de lo que debería ser […]. Si aparte de eso le sumamos que los esfuerzos se dispersan, probablemente el impacto también se minimizará y reducirá los beneficios que pueda tener la sociedad”.
- Huerta refirió que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) invierten el 2.3 por ciento de su Producto Interno Bruto(PIB) en ciencia y tecnología.
- Mientras que los países que más invierten (cuatro por ciento) han logrado un desarrollo “más acelerado”, México invierte alrededor del 0.5 por ciento de su PIB. Es decir, destina cuatro o cinco veces menos de lo que debería de invertir, considerando su magnitud económica.
- Según un comunicado del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, aunque “se requiere un cambio de raíz y de una renovación jurídico-institucional muy amplia”, la Ley vigente “tiene un sentido mucho más completo que el que se plantea y que, aunque es perfectible, responde a la necesidad de crear mecanismos que aseguren una participación incluyente del sector de [Ciencia, Tecnología e Innovación] en el diseño de la política pública”.SIN EMBARGO-PUNTOporPUNTO
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