AGENCIAS
El IFAI instruyó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a buscar y dar a conocer los dictámenes de impacto presupuestario que ocasionará la implementación de la reforma energética, elaborados por la Secretaría de Hacienda a petición de la Presidencia de la República.
Lo anterior en respuesta a un particular que solicitó las estimaciones de los recursos humanos, materiales y presupuestales, necesarios para la creación y operación satisfactoria de las nuevas instituciones surgidas de dicha reforma, informó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
En ese caso, la Función Pública entregó seis decretos relacionados con la petición del particular y le indicó que todo lo referente a la reforma energética y la expedición de leyes era facultad del Congreso de la Unión.
Inconforme, el particular presentó un recurso de revisión ante el IFAI, turnado a la comisionada Patricia Kurczyn Villalobos, en el que manifestó que en los decretos enviados no se advertían las estimaciones presupuestales con las que se podrá costear la reforma energética.
En alegatos, la secretaría se declaró incompetente para conocer sobre estimaciones de recursos presupuestales y materiales, argumentando que esa información estaba en poder del Congreso de la Unión.
Respecto a las estimaciones sobre recursos humanos, indicó que la los documentos que darían respuesta eran los dictámenes organizacionales expedidos por la propia dependencia, pero señaló que estos eran inexistentes.
Ello, toda vez que no se han designado los titulares de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y de la Comisión Reguladora de Energía quienes son los responsables de presentar el proyecto de las nuevas estructuras de organización.
En el análisis del caso, la comisionada ponente expuso que en los decretos entregados al particular, no se explica, de manera clara y puntual, la forma en que se estimará el impacto presupuestario de las leyes expedidas al amparo de la citada reforma.
Además, Kurczyn Villalobos indicó que el sujeto obligado sólo se refirió a tres de los siete órganos contemplados en la normativa aplicable y en consecuencia la búsqueda realizada no se efectuó de manera exhaustiva.
Por lo anterior, a propuesta de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, el pleno revocó la respuesta e instruyó a la Secretaría de la Función Pública realizar una búsqueda exhaustiva y entregar los dictámenes de impacto presupuestario de las nuevas leyes y las que sufrieron modificaciones, relativas a la implementación de la reforma.
En caso de no encontrar la información, la Secretaría de la Función Pública deberá declarar formalmente su inexistencia y notificar dicha situación al solicitante.
El pleno dejó a salvo los derechos del particular para que, de considerarlo pertinente, presente solicitudes de acceso ante el Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
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