Aunque el aborto por violación es legal en todo el país, en la práctica las autoridades siguen obstaculizando o impiden el acceso a la atención médica necesaria, según un informe realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire). De acuerdo con la Ley General de Víctimas y la norma oficial mexicana 046 la atención se debe garantizar únicamente con la declaración de la víctima bajo protesta de decir verdad; sin embargo, no siempre sucede así, pues se solicitan requisitos adicionales, como una denuncia previa o autorización del Ministerio Público (MP) o imponen un plazo para derivarlas al sector salud, ya sea de tres meses a partir de la violación o estar en cualquier etapa del proceso penal./ LA JORNADA
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