AGENCIAS
El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, exhortó a las fuerzas armadas a no rebajar sus actos «a niveles que son propios de los delincuentes», tres días después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que militares ejecutaron a 15 personas en Tlatlaya, Estado de México.
«No podemos combatir ilegalidad con ilegalidad», dijo el general durante la Ceremonia de Entrega de Menciones Honoríficas a las Unidades del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos.
Cienfuegos expresó que los actos de las fuerzas armadas deben ser firmes y razonados, siempre apegados a la ley y a preservar los derechos humanos, ya que cualquier acto contrario «empaña a la institución» será motivo para hacer justicia.
«Todo militar que se aparte de los derechos de las personas será llevado a las instancias jurídicas correspondientes», advirtió el funcionario.
Mencionó que la Sedena velará para que todo militar que enfrente un proceso penal tenga un juicio justo, agotando todas las pruebas y respetando sus garantías.
El secretario de la Defensa exhortó a que los militares trabajen con legalidad para que sean dignos de la confianza de los ciudadanos.
El 21 de octubre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que en los hechos violentos en Tlatlaya, Estado de México, ocurridos el 30 de junio, 15 de los 22 civiles que estaban en una bodega fueron ejecutados por elementos del Ejército.
El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, explicó el 10 de octubre, en entrevista para MVS Radio, que al menos ocho personas habrían quedado vivas después de un enfrentamiento, mismas que fueron asesinadas con sus propias armas por tres soldados, quienes ahora son acusados por homicidio «con agravante».
En la investigación de la CNDH acreditó que «el día de los hechos se alteró la escena del crimen» por parte de los militares con la intención de simular que todas las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento.
La CNDH emitió una recomendación a la Sedena, PGR y gobierno del Estado de México, en la que subraya que «el uso de la fuerza letal fue injustificado debido a que las víctimas, al encontrarse rendidas, sometidas y desarmadas, no representaban una amenaza al personal de las fuerzas armadas».
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