El gobierno de Zacatecas no pudo cobrar durante 2017 y 2018 más de 11 mil 400 millones de pesos de impuestos locales a las grandes mineras que operan en el estado, porque el entonces presidente Enrique Peña Nieto promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso legal que mantiene literalmente congelada la aplicación de gravámenes estatales.
- Los ministros de la SCJN cumplieron dos años sin resolver la controversia constitucional que Peña Nieto promovió contra el gobierno de Zacatecas para impedirle cobrar un impuesto de remediación ecológica a las compañías mineras nacionales y extranjeras, así como a la empresa cervecera más grande del país, asentadas en la entidad.
- Con su inacción, los ministros afectan severamente los ingresos presupuestales del estado de Zacatecas, cuya administración estatal, encabezada por el priísta Alejandro Tello Cristerna, dejó de recaudar más de 11 mil 400 millones de pesos, que serían destinados principalmente a obras de beneficio social y remediación ambiental.
Defensor de Grupo Modelo
- En diciembre de 2016, el gobierno propuso al Congreso local que creara un impuesto ecológico, el cual se aprobó en la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos 2017. Pero en los primeros días de su vigencia, al menos 28 grandes empresas mineras, encabezadas por la trasnacional canadiense Goldcorp y las nacionales Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco; Peñoles, de Alberto Baillères, y Grupo Frisco, de Carlos Slim, se ampararon contra el gravamen, argumentando que era ilegal, por invadir la competencia tributaria del gobierno federal.
- También se amparó contra el impuesto estatal la cervecera Grupo Modelo, cuya planta ubicada en el municipio de Calera de Víctor Rosales produce diariamente hasta 20 millones de botellas y botes de cerveza, según la propia empresa y la revista Forbes. La filial del grupo estadunidense-belga-brasileño Anheuser-Busch (InBev) produce cervezas para el mercado global como Budweiser, Corona, Modelo Especial, Stella Artois, Brahma y Quilmes, entre otras.
- También en las primeras semanas de 2017, Peña Nieto salió en defensa abierta de los intereses de las mineras y la cervecera, al promover, por conducto de Humberto Castillejos, su entonces consejero jurídico, un recurso de controversia constitucional ante la SCJN en contra de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2017, pidiendo invalidar los artículos 6 al 36 de la Ley de Hacienda de Zacatecas.
Se pidió a la Suprema Corte dejar sin efecto la creación de los cuatro impuestos ecológicos: por remediación ambiental en la extracción de materiales, a la emisión de gases a la atmósfera, a la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, y al depósito o almacenamiento de residuos.
Dos años después, los ministros no han resuelto el asunto y las empresas amparadas no han pagado un solo peso de esos impuestos.
- En entrevista, Jehú Eduí Salas Dávila, secretario general de Gobierno de Zacatecas, confió en que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, la SCJN resuelva la controversia sin la presión política que hipotéticamente habría ejercido sobre ella Enrique Peña.
- Esperamos de parte del gobierno de la República, de este nuevo gobierno federal, una apertura a esta posibilidad jurídica de los estados, de poder cobrar sus propios impuestos dentro del marco de la ley, para incrementar la inversión en obra pública.
- Agregó que con los problemas económicos y financieros por los que atraviesa el gobierno federal, bajo esa condición muchos estados y municipios tenemos al día de hoy la incertidumbre de que los programas federales de apoyo de infraestructura se puedan ver mermados en las aportaciones.
- Consideró que por ello es importante que la SCJN resuelva a favor de Zacatecas la controversia constitucional que promovió Peña Nieto, “para poder recaudar nuestros propios impuestos (…) para poder darle a la población del estado las obras de infraestructura que nos demanda día con día”.
Se le preguntó al funcionario si el gobierno de Zacatecas espera que López Obrador retire la controversia constitucional que interpuso Enrique Peña ante la SCJN para beneficiar a las mineras y a la cervecera. Replicó que más bien nosotros le apostaríamos a que la propia Corte sea quien de forma definitiva siente ya un precedente histórico para una nueva vida democrática en el país, para una nueva concepción del federalismo en México.
Además, Salas Dávila dijo confiar en las bases legales y constitucionales de los nuevos impuestos ecológicos, y aseguró que en opinión de constitucionalistas de diversas partes del país, imponer y cobrar impuestos no sólo es una facultad, una potestad de los estados, sino que es una obligación que está normada por el Congreso de la Unión.
Sostuvo que es una facultad concurrente, donde las entidades federativas tienen la obligación legal de contribuir a la remediación ambiental, como lo establecen las leyes general de Cambio Climático, General de Equilibrio Ecológico y la propia Constitución. Estamos completamente seguros de que las facultades son completamente constitucionales, señaló.
- De acuerdo con un documento sobre el impuesto ecológico que elaboró la Secretaría de Economía de Zacatecas –de la cual La Jornada cuenta con copia–, anualmente deberían cobrarse a las grandes empresas mineras que operan en la entidad más de 19 mil millones de pesos por la emisión de diversos contaminantes.
- Sin embargo, para 2017 el gobierno del estado propuso a las empresas un estímulo fiscal, para reducir ese monto a 5 mil 700 millones de pesos anuales. Ni así quisieron pagarlo las compañías que se ampararon. En la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2018, la administración estatal propuso el mismo cobro de impuestos que el año anterior. Es decir, sumados los ejercicios fiscales 2017 y 2018, Zacatecas dejó de cobrar 11 mil 400 millones de impuestos a los magnates de la minería, y a la trasnacional cervecera./LA JORNADA- PUNTOporPUNTO
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