México modificó en 2012 el Artículo cuarto constitucional para reconocer el derecho que tienen los mexicanos a disponer de una cierta cantidad de agua que sea saludable, suficiente y asequible para consumo personal y uso doméstico.
Aunque los legisladores fijaron un lapso de 360 días para sustituir la Ley de Aguas Nacionales, para garantizar el cumplimiento de este derecho, la encomienda no se cumplió.
• «Es una grave omisión de Peña que no haya podido alimentar una iniciativa que cumpla con tener una Ley de Aguas actualizada», advierte Pedro Moctezuma, coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Metropolitana.
• Según la Comisión Nacional del Agua, actualmente la cobertura es de 94.4 por ciento en la prestación del servicio a nivel nacional, con una dotación promedio de 252 litros por habitante.
• No obstante, el especialista señala que la ausencia de mecanismos para el cumplimiento del derecho humano al agua acentuó la inequidad en el acceso. «Hay más de nueve millones de mexicanos sin agua».
Para Raúl Pacheco, profesor del CIDE, en el Gobierno de Peña se privilegiaron grandes obras de trasvase y se olvidó una política de gestión hídrica sustentable.
Carlos Vargas, codirector del Centro para la Sustentabilidad Centli de la UAM, asegura que en el sexenio predominó una política extractiva de los recursos hídricos a favor de la minería, embotelladoras, cerveceras y otras empresas que tienen concesionados grandes volúmenes con fines lucrativos./REFORMA
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