En el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto se alcanzaron los peores niveles de violencia desde que existe un sistema oficial de registro de homicidios dolosos. La administración que prometió acabar con la violencia de la «guerra contra el narco» desatada por Felipe Calderón termina con un promedio mensual de 2 mil 500 homicidios dolosos.
• En el sexenio de Peña Nieto se contaban más de 125 mil víctimas de homicidio doloso hasta septiembre de 2018, de los cuales especialistas calculan que más de 50 por ciento están relacionados con delincuencia organizada.
• Al inicio de la administración, funcionarios del gobierno peñista presumieron una reducción en el índice de homicidios dolosos, pero lo cierto es que la tendencia a la baja comenzó desde 2012, en el último año de administración calderonista.
• Después de alcanzar un máximo de 22 mil 855 homicidios dolosos en 2011, la cifra bajó a 21 mil 459 en 2012 y continuó descendiendo hasta llegar a 15 mil 520 en 2014; pero en 2015 comenzó un repunte que no se ha detenido hasta ahora. Para 2016, la cifra de homicidios llegó a 20,547; registró 28 mil 753, en 2017, y para septiembre de 2018 ya sumaba 25 mil 394 asesinatos.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el sexenio podría cerrar con 130 mil homicidios dolosos.
De norte a sur
• Durante la administración de Peña Nieto, la violencia criminal se desplazó del norte al sur del territorio nacional. Estados como Nuevo León o regiones como la Laguna experimentaron una reducción en homicidios, pero los crímenes violentos repuntaron a niveles no vistos en los últimos 20 años en entidades como Colima, Nayarit, Guanajuato y Puebla.
• Además, el municipio de Los Cabos vivió una violencia inédita ligada al crimen organizado durante 2017 que colocó a Baja California Sur, hasta ese momento relativamente pacífica, en los primeros lugares de la lista nacional de estados con mayores tasas de homicidio doloso.
• La violencia se mantuvo con ligeras variaciones en Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, las entidades más afectadas por grupos narcotraficantes desde el sexenio de Calderón.
• Si en 2011 los cinco estados más violentos fueron Chihuahua, Sinaloa, Guerrero Nuevo León y Durango, en 2017 fueron Sinaloa, Guerrero, Baja California, Baja California Sur y Colima.
Un nuevo cartel
• El 5 de mayo de 2015, sicarios dispararon un cohete RPG y derribaron un helicóptero Cougar del Ejército en Villa Purificación, Jalisco, en uno de los golpes más duros a las Fuerzas Armadas en este sexenio.
• Fue la respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación a un operativo de las Fuerzas Federales para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, el líder de la organización que en los últimos cinco años se ha expandido por el país y que ha adquirido un poder y recursos aún mayores que los Cárteles de Sinaloa, Juárez o Golfo.
• «EL CJNG es uno de los cárteles mexicanos más poderosos y de más rápido crecimiento en México y Estados Unidos», señaló la DEA en su último reporte sobre amenazas del narcotráfico.
A su crecimiento contribuyeron los golpes a otras organizaciones, como la caída de La Tuta y la mayor parte de la cúpula de lo que fue «La Familia Michoacana», y el debilitamiento del Cártel de Sinaloa tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2014 y su recaptura en 2016.
Como el cártel de Sinaloa, el CJNG trafica con varios tipos de droga, principalmente metanfetamina, pero también cocaína, heroína y mariguana. Transporta drogas hacia Estados Unidos a través de varios corredores a lo largo de la frontera norte, incluidos Tijuana, Nuevo Laredo y Juárez.
En 2016, la DEA reportó 26 investigaciones abiertas ligadas a la jerarquía del CJNG, mientras que para 2017 las investigaciones aumentaron a 46.
• «La rápida expansión de las actividades del CJNG se caracteriza por su propensión a enfrascarse en confrontaciones violentas tanto con las fuerzas de seguridad del Estado mexicano como con organizaciones rivales», dice la DEA en su reporte.
• Según la agencia antidrogas, el CJNG tiene centros de distribución en Atlanta, Los Ángeles y Nueva York. Pero es en Chicago donde el cártel es considerado una amenaza a la seguridad de sus habitantes, al grado de que en agosto de este año se creó una comisión binacional para combatir a la organización, a la que atribuyen gran parte de la responsabilidad por la epidemia de muertes por sobredosis de drogas derivadas del opio.
Gendarmería y prevención
Los principales proyectos para combatir la violencia de la administración de Enrique Peña Nieto, que fueron presentados como piezas fundamentales en la «nueva estrategia de seguridad», fracasaron o quedaron en el olvido.
La desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y el traslado de los temas de seguridad a la Secretaría de Gobernación, anunciado por los priistas como un elemento clave del combate al crimen, fracasó.
• La Gendarmería, presentada en un principio como la solución al problema de tener a miles de militares en la calles haciendo labores de seguridad pública, quedó en una división más de la Policía Federal, conformada por unos 10 mil elementos.
• Y aunque la misión fue garantizar procesos productivos, los gendarmes fallaron en sus despliegues. En Los Cabos o Cancún, la violencia se disparó afectando gravemente a los sectores turísticos y en otras zonas, como en Mante, Tamaulipas, empresas como Lala tuvieron que suspender actividades por la inseguridad.
• Lo mismo pasó en zonas de Guerrero como Tierra Caliente, donde empresas como Coca Cola y Pepsi tuvieron que cerrar centros de distribución por el clima de inseguridad.
• En la primera mitad de este año, 6.1 por ciento de las empresas ubicadas en México suspendieron totalmente sus operaciones, según datos del Sondeo de Seguridad Empresarial 2018 del American Chamber México.
• Dicho porcentaje equivale a 25 empresas de un total de 420 analizadas.
• En los últimos dos años el 14.2 por ciento suspendió operaciones destacando los estados de Tamaulipas, Guerrero y Michoacán.
Asimismo, de ese total el 4 por ciento redujo sus operaciones, es decir, no las concluyó totalmente, ya que decidieron contratar a otras empresas para que distribuyan el producto de las compañías.
En Acapulco, la violencia criminal ha provocado el cierre de al menos un centenar de comercios y negocios, según cámaras locales. En el puente vacacional del pasado 1 de noviembre, la ocupación en las zonas Dorada y Diamante no rebasó el 30 por ciento y en la zona Náutica apenas llegó al 12 por ciento, según datos del gobierno de Guerrero.
• La violencia alcanzó también a la Ciudad de México, que registra más de 500 homicidios en lo que va de 2018, cifra que duplica los niveles del inicio del sexenio, cuando el gobierno local insistía en que la capital no tenía presencia de cárteles. En el Estado de México, también se registraron niveles inéditos de violencia, con ejecuciones, robos, secuestros y feminicidios.
• El Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, presentado como la principal política pública en materia de seguridad, en el que incluso se definieron 247 polígonos de actuación en las ciudades más violentas del país, fue abandonado y, para 2017, simplemente se quedó sin presupuesto.
• De ejercer recursos por más de 9 mil millones de pesos entre 2013 y 2016, el Programa Nacional para Prevenir la Violencia y la Delincuencia no obtuvo ni un solo peso el año pasado.
• En algunos polígonos como Ciudad Renacimiento y El Coloso, en la zona suburbana de Acapulco, la violencia no sólo no se contuvo, sino que arreció e incluso llegó a zonas turísticas con asesinatos en la franja de playa o balaceras en plena costera Miguel Alemán.
• La estrategia de pacificación y construcción del tejido social, impulsada al arranque del peñismo mediante el programa de colectivos México, Cultura para la Armonía, también fue abandonada en los dos últimos años del sexenio.
Saldo rojo
• Los homicidios dolosos, que comenzaron a descender en 2012, aumentaron abruptamente a partir del cuarto año de gobierno de Enrique Peña Nieto./REVISTA FONDO Y FORMA- REFORMA- PUNTOporPUNTO
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