Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, propuso una reforma para prohibir al Gobierno federal la contratación de asesorías privadas. De acuerdo con la iniciativa, durante los primeros cinco años de la Administración de Enrique Peña Nieto se han desembolsado más de 280 mil millones de pesos en la contratación de servicios profesionales.
- Estas asesorías han representado un gasto anual promedio de más de 56 mil millones de pesos en pago a despachos, asesores o consultorías en materia de derecho, contaduría, auditoría, arquitectura, ingeniería, diseño, administración, ciencia, publicidad, mercadotecnia y comunicación entre otros.
- El gasto se ha realizado, a pesar de que en el país existen más de 350 institutos y centros de investigación dependientes de entidades u organismos de la Administración Pública Federal y de instituciones de Educación Superior, todos ellos financiados con recursos públicos.
- En la exposición de motivos, Monreal indica que el plan de austeridad propuesto por el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador establece que no se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis y recomendaciones que pueden hacerse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos.
«Existen casos documentados en que funcionarios públicos han abusado de las facultades, aprovechando conceptos como consultorías, análisis o estudios, para desviar cuantiosos recursos, asignando de forma discrecional estos servicios a socios, amigos y, en muchos casos, a despachos o consultorías propias», expresó.
«Otra modalidad es la contratación de despachos o consultorías extranjeras, por encima de las nacionales».
La intención de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dijo, es aprovechar capacidades técnicas y profesionales de cada dependencia, pero también de las universidades e instituciones académicas públicas capacitadas para brindar asesorías.
En el proyecto se señala que las dependencias se abstendrán de contratar consultorías, asesorías, estudios e investigaciones cuando puedan ser realizados por funcionarios de esas instituciones.
También se propone la contratación de tales servicios con instituciones públicas de educación superior, siempre y cuando acrediten que cuentan con capacidad para prestarlos./REFORMA- PUNTOporPUNTO
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