Con base en un trabajo inédito, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso al descubierto que en el gobierno de Enrique Peña Nieto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) manejó multimillonarios recursos de manera discrecional, sin control ni vigilancia alguna.
El pasado 31 de octubre, ante el pleno de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, David Rogelio Colmenares Páramo –titular de la auditoría desde el 15 de marzo pasado–, presentó la segunda entrega de informes individuales relacionados con la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017.
- Entre otros muchos datos reveladores, dio cuenta de la realización de 17 auditorías relacionadas con el uso del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) –incluido en el polémico Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación y denominado “Provisiones salariales y económicas”–, el cual es considerado por académicos y especialistas como una “caja negra” de la cual el gobierno federal obtiene recursos para su uso discrecional.
- Sin mencionar a la dependencia por su nombre, Colmenares denunció que en 2017 Hacienda canalizó de manera opaca más de 50 mil millones de pesos a las entidades federativas –sin destino específico la mayor parte de esa cantidad–, cuando la Cámara de Diputados sólo le había aprobado poco más de 3 mil millones de pesos. Es decir, Hacienda usó una cantidad superior al 1500% de lo autorizado, dijo el auditor superior, y explicó:
- “Asimismo, se observó la carencia de reglas de operación y de criterios claros y objetivos para su asignación a cada estado; (lo mismo) para su contabilidad. Incluso algunos estados los clasificaron incorrectamente como participaciones y los depositaron en la ‘cuenta licuadora’.”
- Añadió: “No existe un marco jurídico que regule a quién se le otorgan los recursos, su monto y destino, y se carece de un calendario de ejecución, de ministración y ejecución. En suma, su destino ha sido discrecional y mantiene amplios espacios de opacidad”.
- Y concluyó: “Debido a las vulnerabilidades identificadas, hemos determinado la programación de auditorías adicionales, que serán incorporadas al Programa Anual e incluidas en la tercera entrega de informes individuales en febrero de 2019, la cual cubrirá el 100% de este fondo en 2018”.
El 11 de marzo pasado este semanario publicó un reportaje en el que se habló por primera vez del Fortafin. El economista y asesor parlamentario Juan Moreno Pérez dijo que el movimiento emprendido en enero pasado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para exigirle a la SHCP la entrega de 900 millones de pesos del Fortafin “permitió descubrir un nuevo mecanismo diseñado por Hacienda para canalizar a los estados, de manera totalmente discrecional, cuantiosos recursos presupuestales con probables objetivos electorales”.
Derroche millonario en Telefonía
En los últimos 12 años, la utilización de telefonía celular en 22 instituciones públicas ha costado al erario federal 912 millones 468 mil 955 pesos. En respuesta a solicitudes de información obtenidas por EL UNIVERSAL, se detalla que este gasto aumenta, debido a que en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, de 2006 a 2012, se destinaron 404 millones 745 mil pesos, mientras que en la presente administración federal este gasto ha sido, hasta agosto de este año, de 507 millones 723 mil 951 pesos.
- La documentación entregada señala que la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las secretarías de Comunicaciones y Transporte (SCT), Gobernación (Segob) y Defensa (Sedena), así como la Cámara de Diputados, son los organismos que más han gastado en esta prestación.
- En su plan de austeridad de 50 puntos, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, propone en el apartado 42 ahorrar servicios telefónicos y de internet en las dependencias públicas.
La Policía Federal (PF) es la institución que más ha invertido, puesto que en el oficio PF/OCG/DGE/4489/2018 se detalló que en los últimos dos sexenios se ha erogado 176 millones 137 mil 923 pesos. Empero, al solicitar el nombre y cargo de las personas que tienen este apoyo, la PF respondió que la información se encuentra clasificada como reservada, debido a que se pondría en riesgo la vida y seguridad de estos servidores.
“El proporcionar el nombre de los integrantes o ex integrantes que reciben o recibieron la prestación de telefonía celular por la PF pone en riesgo de manera directa la vida y la seguridad de los mismos, siendo obligación de la institución protegerlos en todo momento para salvaguarda de los mismos (..) poner en riesgo de manera directa la vida y la seguridad de los integrantes ocasiona riesgos personales en su vida y seguridad, que pueden alcanzar hasta sus familias”.
- La PGR es otra de las instituciones que más dinero ha destinado a telefonía celular, puesto que desde 2006 ha desembolsado casi 160 millones de pesos, y con base en la partida presupuestal 315-01, este año mil 173 funcionarios públicos tienen esta prestación.
- El Consejo de la Judicatura Federal informa que en los últimos 12 años por el pago de telefonía celular, se ha destinado un total de 124 millones 440 mil 274 pesos de su presupuesto. El organismo judicial detalla que para este año se tienen contratadas mil 504 líneas, de las cuales 848 fueron asignadas a magistrados de Circuito, 565 a jueces de Distrito, y cinco para los consejeros de la Judicatura Federal.
- Mientras que en la respuesta con folio 6440000124318, la UNAM informó que de 2006 a la fecha, ha destinado 97 millones 297 mil pesos en este rubro, y señaló que la telefonía celular no es una prestación, debido a que la institución no está obligada a proveerla, sino que es “una herramienta de apoyo a las actividades y responsabilidades de determinados usuarios y se otorga con base en lo que cada titular de entidad o dependencia considera procedente”.
La Universidad Nacional indicó que en los pagos de telefonía celular se incluyen los servicios de internet móvil y transmisión de datos que no operan directamente en un smartphone, sino en equipos especializados, módems, tablets y tarjetas BAM en USB.
- En los últimos dos sexenios, la CFE informó que ha gastado 80 millones 928 mil 45 pesos en inversión de este servicio, puesto que argumentó que es “de vital importancia” que personal operativo “esté localizable las 24 horas del día y cuente con comunicación que le permita recibir mensajes y notificaciones de los sistemas de automatización del sistema eléctrico, para dar atención oportuna a la operación y eventos de la red nacional de transmisión con el fin de reducir el tiempo de afectación en caso de algún disturbio o contingencia”.
- La Secretaría de Gobernación detalló que a Alfonso Navarrete Prida no se le paga el servicio de telefonía celular, pero sí se le pagó esta prestación a José Francisco Blake Mora , titular en 2011, así como a Alejandro Poiré Romero, quien fungió como secretario en 2012.
- La solicitud de información 0000400149918 detalló que entre los 224 funcionarios que reciben la prestación está Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad; Patricia Bugarin Gutiérrez, coordinadora Nacional Antisecuestro, así como los subsecretarios Manuel Cadena Morales, Patricia Martínez Cranss, Andrés Chao Ebergenyi, Rafael Adrián Avante Juárez y José Luis Stein Velasco.
- La Dirección General de Tecnologías de Información de la Cámara de Diputados, que ha gastado 27 millones 428 mil 246 pesos en telefonía celular, indicó que ningún legislador cuenta con este servicio, pero “hay personal que recibe esta prestación para atender tareas de resguardo, seguridad y operación”. En tanto que el Senado detalló que en este año se tienen asignadas 120 líneas, de las cuales 28 están asignadas a órganos de gobierno, y el resto, 92 líneas, para trabajadores de las áreas parlamentarias, técnicas y administrativas.
Durante este 2018, según la solicitud 021000048518, la Oficina de Presidencia de la República paga 85 líneas telefónicas para igual número de funcionarios, entre ellos Eduardo Sánchez Hernández, coordinador general de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, así como secretarias particulares del presidente Enrique Peña Nieto y asesores del organismo./EL UNIVERSAL- PROCESO- PUNTOporPUNTO
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