El viejo artilugio del silencio en el Ejército se acabó. En los últimos años los militares levantaron la mano. Se defienden de su tarea en las calles realizando labores policíacas y de que se les quiera involucrar en el caso de la noche de Iguala que dio pie al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Y ante la pretensión de crear una Comisión de la Verdad las Fuerzas Armadas se oponen en el discurso y con recursos legales para impedir el nacimiento de ese órgano. El General Alejandro Ramos, jefe de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de la Defensa Nacional, asegura que la Comisión de la Verdad, la que nace de una sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Distrito con sede en Tamaulipas, no garantiza la imparcialidad ni las garantías jurídicas que están previstas en la Ley.
- “El Ministerio Público queda en un segundo plano, en una calidad de ejecutor, en tanto que la dirección de las investigaciones, que por norma constitucional, competen al Ministerio Público de la Federación, se la encomienda de la nada, a la representación de los familiares de los estudiantes y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tiene su propio marco normativo regulatorio, y en el que no está incluido esta circunstancia de dirigir las investigaciones de orden ministerial”, afirma.
- Ramos tiene experiencia también en el sector público, fue subprocurador en la gestión de Rafael Macedo de la Concha durante el sexenio del panista, Vicente Fox.
- El General da la entrevista portando uniforme con dos estrellas en los hombros. Con serenidad y vehemencia defiende a la institución frente a las múlltiples acusaciones que les han hecho por la presunta participación en los acontecimientos de la noche del 26 de septiembre de 2014.
“En el caso particular de estos lamentables hechos la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido insistente en advertir que no hay un solo elemento que refleje una participación de cualquier naturaleza por parte de las Fuerzas Armadas y que por lo tanto esta intencionalidad de generar cierta sospecha o señalamiento sobre esa eventual participación carece de todo soporte”
El General Ramos piensa con ironía que se les quiera seguir involucrando aún y cuando se filtraron en todos los medios de comunicación las llamadas interceptadas entre dos mandos de la banda delictiva de Los Rojos en las que se hablaba del incidente de la noche de Iguala.
- Sobre la creación de la Comisión de la Verdad no solo está la sentencia del Tribunal Colegiado, los integrantes del futuro gabinete de Andrés Manuel López Obrador también han adelantado que este órgano debe crearse para aclarar lo que sucedió aquella noche en ese municipio de Guerrero.
Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ya anunció que a partir del 1 de diciembre que tome protesta Andrés Manuel López Obrador, se iniciarán los trabajos para la integración de la Comisión de la Verdad que aclare el caso de los 43 estudiantes. Sin embargo desde el punto de vista jurídico la última palabra la tendrá la Suprema Corte de justicia de la Nación en donde se atrajo el caso y se estudia su constitucionalidad y por tanto su factibilidad.
Insiste Ramos en que el posicionamiento del Ejército ante esta comisión es firme y claro: no da garantías y genera suspicacia sobre su validez constitucional. “Nosotros hemos manifestado nuestras dudas sobre la constitucionalidad de esta Comisión, porque al estar en manos de los representantes de las víctimas, que durante estos años han mostrado su claro interés de hacer pasar como responsables de estos muy lamentables hechos al personal de las Fuerzas Armadas, pues resulta realmente que no habrá ni imparcialidad ni objetividad sobre lo que se pueda llevar para adelante en esa Comisión de la Verdad.
“No tiene ningún asidero jurídico la determinación del Tribunal porque no hay norma que lo faculte para descalificar a las instituciones nacionales y ordenar la creación de un organismo de esta naturaleza, que no tiene reglas ni conserva los más mínimos estándares en cuanto a las reglas del debido proceso para garantizar que quienes sean investigados no sean objeto de una manipulación de las investigaciones”, fustiga./REPORTE INDIGO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
