El gobierno de Guerrero, el de Iguala, pero sobre todo el Gobierno Federal, llegan a la tragedia de Ayotzinapa tarde y de malas; todos rebasados, todos omisos… y todos culpables.
La víspera, y por sospechas fehacientes de estar infiltrados por la delincuencia organizada, el Ejército y la Policía Federal tomaron el control de la seguridad en 12 alcaldías más de Guerrero y una del Estado de México.
Oficialmente se ha dicho que estos operativos, en los que suspenden toda acción de los policías municipales, son con el fin de evaluarlos y revisar equipos de comunicación para determinar si tienen vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
Los municipios tomados por las fuerzas federales son: Teloloapan, Apaxtla, Buenavista, Taxco, Coyuca de Catalán, Altamirano, Tlepehuala, Pilcaya, Arcelia, Ixcateopan, San Miguel Teloloapan, Cocula e Iguala; mientras que se realiza un operativo especial en Ixtapan de la Sal en el estado de México, a escasos 120 kilómetros del Distrito Federal.
Pero ojo, no están descubriendo el hilo negro. Desde el 2010 se encuentra en el Senado de la República un estudio de expertos que asegura que un alto porcentaje de municipios en el país están infiltrados en alguna medida por grupos de la delincuencia organizada.
El texto entregado a la Cámara Alta en septiembre de ese año se titula “La paradoja de la sanción penal, factores legales y económicos que determinan el éxito y fracaso de la lucha contra el crimen organizado”.
Ahí se afirma que en México los grupos criminales han diversificado sus actividades, cuantificando hasta 22 nuevos delitos redituables, entre los que destacan tráfico de armas, tráfico de migrantes, extorsión, piratería o prostitución.
Entre sus líneas se indica que el 72 por ciento de los más de 2 mil 500 municipios del país está infiltrado por células operativas del narcotráfico, y de éstos, el 8 por ciento está totalmente “feudalizado” por la delincuencia organizada, como en Iguala, Guerrero.
Los especialistas de ese informe advirtieron también que el 78 por ciento de las actividades ligadas al Producto Interno Bruto (PIB) de México, incluyendo la minería, han sido literalmente tomadas por los cárteles de la droga, hecho que se comprobó hace apenas algunos meses.
Se explica también que se debí aponer especial atención en las policías y autoridades municipales porque han sido siempre el eslabón más débil que la delincuencia organizada aprovecha para corromper.
Pues bien, a cuatro años de ese documento, la crisis de las policías coludidas con el narco ha tocado fondo, ha demeritado a las instituciones locales y estatales, y ha dado al traste con las intenciones del Gobierno Federal de implementar un mando único a nivel nacional.
Tienen razón los especialistas al decir que las instituciones de Estado que brindan seguridad han colapsado, pero no por ineficientes o desorganizados como se creyera, sino por corruptos. Hoy la noticia internacional es la crisis que nadie quiere admitir, la crisis que provoca masacres y la crisis de la que nadie quiere aceptar la paternidad.
La tragedia de Ayotzinapa pudo ser prevenida si el Gobierno Federal y los legisladores hubieran al menos leído ese informe y hubieran actuado en consecuencia, pero como dicen por ahí, el hubiera no existe, y hoy, el país está al borde de una revuelta en parte por esta grave omisión. Ni hablar.
PARA EL REGISTRO Ojalá a la PGR no se le haga bolas el engrudo y lleguen a buen puerto sus investigaciones en torno a la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, porque no recibir al padre Alejandro Solalinde quien dice tener testimonios de que los estudiantes fueron quemados vivos, y decirle a los familiares que no se tienen indicios del paradero de los estudiantes nos dicen que sencillamente no han resuelto nada. Gracias, hasta mañana.
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