Recortes presupuestales, falta de padrones y ausencia de mediciones sobre el impacto de programas sociales, son la constante en las acciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de acuerdo con las fichas de supervisión de evaluación de programas y acciones federales 2017-2018 que realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
- La acción destinada a la prevención de riesgos en 2017 tuvo una población objetivo de 2 mil 495 personas en 975 municipios catalogados de alto y muy alto peligro por el Índice Global de Riesgos. Pero debido a los desastres por los terremotos de ese año, concentró sus actividades en Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
- El Programa de infraestructura, que tiene como finalidad mejorar el equipamiento, imagen y entorno de las viviendas en localidades menores de 5 mil habitantes, no tiene evaluación de impacto, y pese a que debe tener cobertura en las 32 entidades, durante ese año concentró 50.6 por ciento de sus acciones en los estados de México, Michoacán y Puebla. El Coneval recomendó establecer planes anuales de trabajo.
- El Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales, cuyo fin es ampliar el acceso al crédito de la población por un subsidio, carece de estrategia de cobertura y de instrumentos de medición, y ha sido sujeto de recortes presupuestales.
- El plan para regularizar asentamientos humanos irregulares, que busca promover el desarrollo urbano, el ordenamiento y la planeación territorial, está destinado a población residente en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes, y cuando el costo de la regularización es menor de 10 mil pesos el apoyo será de ciento por ciento.
- Al cierre de 2017 había 9 mil 990 hogares regularizados, y tras el recorte presupuestal, en 2017 ejerció 99 millones de pesos; es decir, 38 por ciento menos que en 2013. Entre las debilidades está que carece de un padrón de beneficiarios.
En el caso de Consolidación de reservas, el programa otorga subsidios para vivienda multifamiliar vertical nueva y reconversión de inmuebles para uso habitacional, al igual que los anteriores carece de evaluaciones de impacto.
Se puso en marcha en 2014 y aunque tiene cobertura nacional en ciudades con más de 50 mil habitantes, en 2017 sólo tuvo presencia en 10 estados y apoyó a mil 995 personas, 352 por ciento menos que un año antes. También tuvo una reducción de su presupuesto, que en 2014 fue de 215 millones de pesos y el año pasado sólo 45 millones./LA JORNADA
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