AGENCIAS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en la sesión de este lunes si los militares que cometan delitos contra la salud, como el narcotráfico, deben ser juzgados por el fuero castrense o la justicia federal.
Lo anterior, al continuar con la discusión del amparo que presentó el soldado Luis Alberto Martínez, acusado de introducir marihuana a Estados Unidos, asunto a cargo del ministro Mario Pardo Rebolledo y en pendiente resolución desde la sesión del 15 de octubre.
En su proyecto, Pardo Rebolledo valida el fallo de un Tribunal de que el delito contra la salud que cometa un elemento castrense puede ser juzgado por el Tribunal Militar cuando se comete por un miembro del ejército al realizar las funciones encomendadas, sin la participación de civiles.
Según la ponencia, el caso derivó de un amparo que interpuso el soldado Luis Alberto Martínez Campos contra la sentencia dictada el 21 de septiembre de 2007 por el Supremo Tribunal Militar por delitos contra la salud, que ratificó un tribunal colegiado de circuito.
Si el pleno vota a favor del proyecto de Pardo Rebolledo, con ello la Corte ampliaría la jurisdicción del fuero militar para que los efectivos castrenses que incurran en delitos contra la salud en actos de servicio sean juzgados bajo la disciplina militar y no por la justicia federal.
Pardo Rebolledo sostuvo que es correcta la interpretación realizada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de que el delito contra la salud puede juzgarse por el Tribunal Militar cuando se comete por un miembro del ejército al realizar las funciones encomendadas.
El tribunal federal resolvió que no hay violación alguna pues en el acto reclamado únicamente se encuentran involucrados elementos de la milicia mexicana, y no civiles, acusados por permitir la extracción del país de narcótico, específicamente de mariguana, refirió.
Así, se actualiza la competencia de los tribunales militares para juzgar los delitos del orden federal cuando son cometidos por militares en servicio, siempre y cuando no sean cometidos contra civiles o se encuentren involucrados en el procesamiento, aseguró.
Sin embargo, la ponencia de Pardo Rebolledo fue cuestionada por el presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza, y los ministros José Ramón Cossío y Olga Sánchez Cordero, aunque el asunto será definido por el pleno en la sesión de este lunes.
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