A poco más de un mes de su toma de protesta, Andrés Manuel López Obrador resiente presiones cada vez más fuertes.
- Algunos de los grupos que lo apoyaron en campaña exigen que cumpla promesas como derogar la reforma educativa, cancelar las obras del Nuevo Aeropuerto y cambiar radicalmente la estrategia de combate a la inseguridad y la violencia.
Mientras que los que no lo votaron cuestionan sus planes y estrategias.
Nuevo Aeropuerto: diferencias internas
Machete en mano, los líderes de las comunidades afectadas por las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) advierten que no permitirán que se concluya la obra, descalifican la consulta convocada por el Presidente electo y enumeran los daños sufridos y por venir en caso de que el proyecto se concrete.
- Es miércoles 3 de octubre. Hablan recio, blandiendo machetes adornados con una estampa de un avión cruzado por un símbolo vial en color rojo: «prohibido». Y lo hacen frente a siete altos funcionarios de la próxima administración: Javier Jiménez Espriú, propuesto para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Josefa González Blanco, próxima secretaria del Medio Ambiente; María Luisa Albores, próxima secretaria del Bienestar (hoy Desarrollo Social); Román Meyer, próximo titular de la Sedatu; Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación; Adelfo Regino, próximo director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. y Jesús Ramírez Cuevas, futuro vocero presidencial.
- «No nos preguntaron si queríamos un proyecto de muerte; hoy, quieren consultarnos, fuera de tiempo, fuera de la ley», dice Felipe Álvarez, veterano luchador de los Pueblos en Defensa de la Tierra.
- «Quisiéramos creer que deveras se va a hacer justicia, que deveras el licenciado Andrés Manuel López Obrador va a cumplir su palabra de suspender este proyecto aeroportuario, que para nosotros solamente nos trae problemas, asesinatos, arrebato de nuestras tierras. No puede ser que ustedes le estén dando la atención más al ramo empresarial que a los pueblos que eligieron a este nuevo gobierno, que ustedes permitan que ellos tengan todo mientras nosotros nos quedamos con nada. Si no hace lo que prometió en su campaña, estamos creyendo que sólo fue una mentira; si no hace justicia a los pueblos, vamos a creer que es más de lo mismo», advierte don Felipe, quien participa en este colectivo desde 2001, cuando Atenco detuvo el mismo proyecto aeroportuario impulsado entonces por Vicente Fox.
- Emocionados, conmovidos o contagiados por los activistas y sus tres horas de argumentos sobre extractivismo, deforestación, desecación, engaños y presiones a los comuneros, los colaboradores del Presidente electo se ponen de su lado y, uno a uno, va sumando -desde su próximo ámbito de responsabilidad- razones para no concluir la obra.
- Aunque Jiménez Espriú busca salvar la consulta, programada para los próximos 25, 26, 27 y 28 de octubre, el veredicto es unánime: «Lago sí, proyecto no».
Mientras se desarrolla esta reunión en el Club de Periodistas de México, en el salón de un hotel un grupo de inversionistas está reunido con el empresario Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia. «El aeropuerto va porque va», les dice el colaborador de AMLO, según trascendió en columnas político-financieras.
Romo defiende el NAIM, el proyecto defenestrado por su candidato durante los tres meses de campaña, y que según el Grupo Aeroportuario -entidad responsable de construirlo- ya registra un avance del 31 por ciento.
En un documento entregado por Grupo Aeroportuario al equipo de transición, se asegura que cancelar el NAIM implicaría perder 60 mil millones de pesos ya invertidos, más otros 35 mil millones de pesos en costos no recuperables. «Sin contar las demandas que puedan ser interpuestas por las empresas por daños y perjuicios», se advierte.
- A pesar de todo, Jiménez Espriú dice en la reunión con las comunidades de 17 municipios que se resisten al aeropuerto que hay «asuntos más importantes» que el dinero que pudiera perderse.
- Al día siguiente de las reuniones, el Presidente electo reconviene a su equipo. Les pide imparcialidad, y critica a Reforma por narrar detalladamente lo acontecido en el Club de Periodistas.
En los días y semanas siguientes, AMLO afirma que la consulta será lo que determine el futuro del proyecto, y no los intereses «personales o de grupo».
- «Seguiré siendo objetivo en todo. Voy a actuar con imparcialidad», promete en un video difundido el lunes 8 de octubre. Pero en el mismo mensaje advierte que la única posibilidad de que continúe el proyecto es con inversión privada, como -revela- le ha planteado el empresario Carlos Slim.
La consulta divide al gobierno electo, y genera dudas sobre la metodología, transparencia, validez y acatamiento de los resultados.
El jueves 11, Jiménez Espriú aclara que ésta se llevará a cabo durante cinco días, mediante encuestas y votación directa en 538 municipios del país, con una participación estimada de 100 mil a medio millón de habitantes.
Si gana el NAIM en Texcoco, enfurecerán los pueblos de Atenco y anexas, muchos de ellos votantes de AMLO, quienes harán una marcha «en defensa de la tierra» el 25 de octubre.
Si gana Santa Lucía, se inconformarán los empresarios, quienes ya advirtieron, en un documento entregado el 18 de septiembre al equipo de transición, que cancelarlo tendrá un costo «extremadamente alto».
Descentralización y austeridad: Resistencias
Antes de instalar un plantón frente a la oficina de transición de Andrés Manuel López Obrador, un grupo de trabajadores de la Secretaría de Cultura pregunta: «¿por qué Tlaxcala?, ¿a quién consultaron para decidir eso?».
Los sindicalizados llegan ahí el martes 9 de octubre, buscando al Presidente electo y a su próxima secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, pues consideran arbitraria la decisión de mudar la dependencia -creada apenas en diciembre de 2015.
- «A más de dos años de creación de esta Secretaría de Cultura, no tenemos condiciones generales de trabajo que definan cuál va a ser la relación entre las autoridades y los propios trabajadores», acusa María de los Ángeles Medina, dirigente del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura.
- Los trabajadores son recibidos por el equipo del gobierno electo, pero reciben como respuesta la imposibilidad legal de ser atendidos. Al día siguiente llevan sus protestas a las oficinas administrativas de la Secretaría, en Paseo de la Reforma, pero dejan un campamento frente a la casa de transición.
- Quieren blindar sus plazas y sus prestaciones, antes de un traslado a Tlaxcala que el propio López Obrador confirmó en su visita a la entidad el 25 de septiembre.
- Cultura sería la primera de 13 secretarías que se mudarían, de acuerdo con el plan de descentralización contemplado en el plan de AMLO. Tiene apenas 2 mil 500 trabajadores, con mil 400 sindicalizados y mil de confianza. Pero sus empleados están organizados en 17 sindicatos y existe un litigio sobre la titularidad del sindicato oficial.
Cultura es de las secretarías de Estado más pequeñas y, aunque se prevé que la mudanza sea paulatina, comenzando por su titular y su primer círculo de colaboradores, su traslado ya generó resistencias.
‘Juaristas’
El 15 de julio, dos semanas después de ser electo, López Obrador anunció «50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana», un documento que fluctúa entre una nueva Ley de la Administración Pública y un código de ética para los funcionarios de «la cuarta transformación».
- Del «no robar, no mentir y no traicionar al pueblo» -pregonado en campaña- se pasó a un instructivo que detalla cómo debe comportarse la burocracia; desde no recibir regalos de más de 5 mil pesos y no ir a fiestas o convivios sociales en los que se pueda incurrir en conflicto de interés, hasta tratar con amabilidad y respeto al ciudadano solicitante de algún servicio o trámite.
- Pero los lineamientos contienen, también, medidas de recorte y austeridad que han sido cuestionadas por funcionarios y ex funcionarios públicos, y expertos en Administración Pública.
- Las más polémicas son la reducción de los salarios por debajo de lo que gane el Presidente (AMLO ha dicho que ganará 108 mil pesos mensuales, sin compensaciones), la eliminación de bonos y compensaciones, prestaciones, seguros de gastos médicos y el recorte del 70 por ciento de todas las plazas de confianza en cada una de las dependencias federales.
A finales de septiembre, un grupo de funcionarios y ex funcionarios hizo público el documento «Análisis de los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana», en el que argumentan la inviabilidad del recorte de plazas, la reducción de salarios, la cancelación de prestaciones y el aumento de la jornada laboral al personal de confianza.
«De concretarse la propuesta (recorte del 70 por ciento de las plazas de confianza), traerá aparejada diversas dificultades al ejercicio del servicio público en el ámbito federal, ante la enorme complejidad que implicará pretender ejercer óptimamente las atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias, estatutarias y normativas que integran nuestro Estado de Derecho; además de que generará diversos problemas en el cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante tratados internacionales», se advierte.
Sobre los salarios, el grupo sugiere reconsiderar el monto que ha establecido el presidente electo, pues aplicar éste como límite máximo tendría un impacto negativo en toda la APF: se desincentiva la participación de personal calificado en el servicio público.
«De no atenderse adecuadamente el problema y distinguir los diversos perfiles que laboran en el servicio público (perfiles políticos vs perfiles técnicos), se corre un alto riesgo de entorpecer la función pública. La experiencia demuestra que en la toma de decisiones que requieren alta especialización técnica, la incompetencia puede provocar más daño social que la, ya de por sí perniciosa corrupción», agregan.
Además, los especialistas alertan sobre el cúmulo de demandas que podrían generarse ante estas medidas, el costo de cancelar pólizas de seguros y pagar liquidaciones, y el riesgo de parálisis gubernamental.
Educación: la terca realidad
La intención de Andrés Manuel López Obrador de poner a consulta su futura política educativa choca con la realidad. Faltando todavía 11 estados en donde se realizarán los foros, la consulta Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación ya se enfrentó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que urge la eliminación de la reforma educativa sin la necesidad de terminar los foros.
- La primera señal fue el 19 de septiembre: cuando se realizó el Foro Estatal de Consulta Participativa en Zacatecas, integrantes de la Sección 58 de la Coordinadora abuchearon a José Luis Pérez, delegado especial de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tanto que impidieron que terminara su participación en el evento encabezado por el futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.
- Luego, el 4 de octubre en Michoacán, la disidencia magisterial tomó el control del foro y echó del evento al secretario estatal de Educación, Alberto Frutis, quien se retiró de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo luego de que los docentes le gritaran que se fuera.
- Finalmente, el pasado 7 de octubre, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) rompió el foro organizado en Acapulco, aventando sillas, arrojando botellas y con docentes que iban encapuchados y armados con bates y palos.
- Su argumento fue que al equipo del Presidente electo le faltó tacto político para realizar el foro educativo en Guerrero porque el Centro de Convenciones de Acapulco, la ubicación donde se llevaría a cabo, estaba lleno de integrantes del SNTE.
De acuerdo con especialistas, a menos de dos meses de la toma de posesión, hay un rompimiento entre el tabasqueño y la Coordinadora, que pone en riesgo, no sólo los foros, sino el control de la política educativa del nuevo gobierno.
- «Hay señales de una creciente tensión en la relación entre ellos porque no es suficiente para la CNTE las señales que mandan los legisladores de Morena, por ejemplo, acerca de la derogación de la reforma educativa», advierte Marco Fernández, académico del Tec de Monterrey.
- «La Coordinadora presiona, como lo hace tradicionalmente, para que puedan apropiarse de la política educativa e imponer su visión de cómo deben hacerse las cosas en el sector», añade.
- Adicionalmente, la pugna por quién se queda al frente del SNTE, alentada tras la liberación de su ex líder Elba Esther Gordillo, también es un factor importante en el distanciamiento entre López Obrador y la CNTE, quienes durante la campaña apoyaron al entonces candidato de Morena.
- «El principal rompimiento es qué tanto la Coordinadora está en la interlocución con Elba Esther Gordillo, porque si no quieren a Elba de regreso en el SNTE eso puede estar afectando», afirma Carlos Jonguitud, líder del Sindicato de Trabajadores para la Educación (STE).
«El rompimiento, más que por el control del dinero de la nómina magisterial, es político, por quién se queda con el control de la política educativa», añade.
Los especialistas señalan que la gran mayoría de los maestros quieren compartir sus puntos de vista en los foros, pero una minoría no quiere que los foros sirvan de participación democrática.
- «El gobierno electo se está dando cuenta que los resultados de una elección no cambian la situación que se vive en el país de un día para otro», señala Jennifer O’Donoghue, directora de Mexicanos Primero.
Los foros, hasta ahora realizados en 21 estados y que han congregado más de 44 mil participantes y más de 50 mil propuestas en la plataforma digital, han sido criticados por ser insuficientes, tanto por la Coordinadora como por activistas que están a favor de su realización.
- «No son suficientes, es un primer paso. Es bastante difícil llegar a propuestas específicas», detalla O’Donoghue.
Por lo pronto, la CNTE anunció su propio foro para integrar sus propuestas educativas y hacérselas llegar de manera más directa al gobierno electo.
- «Nosotros tendremos nuestro Congreso Político Educativo del 26 al 28 de octubre. Ese es el mecanismo que nosotros decidimos para generar todas las propuestas y de manera más directa y como Coordinadora presentaremos estos planteamientos al Gobierno electo», explica Francisco Bravo, miembro de la Dirección Política Nacional de la disidencia magisterial.
Seguridad: consulta interrumpida
Arrancaron con amplia expectativa, entre bombo y platillo, pero terminaron con cancelaciones y sin claridad sobre su utilidad y alcance.
- Los Foros Escucha para la Pacificación y la Reconciliación fueron convocados por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como parte de una Consulta Nacional para elaborar la nueva estrategia de combate a la inseguridad y el crimen.
- Según la plataforma de la Consulta Nacional, se agendaron inicialmente 26 foros regionales, además 11 consultas a personas en reclusión, 9 a migrantes y refugiados, y 4 «consultas extendidas» a comunidades.
- Desde el primer ejercicio, que se realizó el 7 de agosto en Ciudad Juárez y fue inaugurado por López Obrador, predominaron los reclamos airados de justicia por parte de familiares de víctimas de desaparecidos y la polémica por la propuesta de amnistía y «perdón» del próximo gobierno.
- «Yo no vi que hubiera un ejercicio de sistematización de la información, me pareció que fue un ejercicio más bien de catarsis, que es necesaria, pero no suficiente», considera Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
A la fecha, se han realizado 15 foros regionales, además de uno con organizaciones civiles y uno con periodistas.
El 7 de octubre, el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, confirmó la cancelación de los foros programados para Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas, con el argumento de que se requiere tiempo para sistematizar todas las propuestas recogidas.
Organizaciones señalaron deficiente organización y criticaron la metodología para recoger y sistematizar las propuestas; víctimas acusaron falta de sensibilidad; y expertos dudaron no sólo de que sirvan de insumo para diseñar la estrategia, sino también del argumento para cancelarlos.
- «No conozco la metodología que siguieron en los foros que han transcurrido y no sé si de ello puedan derivan en insumos para la política pública», subraya Edna Jaime, directora de México Evalúa.
- «Los foros pueden cumplir con un doble objetivo: catarsis y propuesta; ahora, no estoy segura que se vaya a lograr, no estoy segura que lo que se haya formulado realmente se vaya a recoger y vaya a formar parte del proceso de toma de decisiones de las próximas estrategias».
Como aspecto positivo de los foros, Jaime señala la apertura a escuchar la voz de las víctimas y otros grupos que no habían sido tomados en cuenta por desinterés de los gobiernos, aunque considera lamentable y hasta «rarísima» la cancelación.
- «No entiendo por qué se cancelan, sobre todo porque ya habían generado una expectativa y porque, si se escucharon grupos de ciertas regiones, por qué no en otras; la cancelación implica lugares donde la violencia ha sido una constante durante mucho tiempo, entonces sí es lamentable.
- «No veo una razón que justifique su cancelación, que la logística es compleja, pues sí, pero un gobierno de transición que se comprometió a recoger ideas, planteamientos y escuchar, se esperaba que concluyera los compromisos y el programa que se había propuesto, sí se me parece rarísimo», subraya Jaime.
El académico y consultor en seguridad, Carlos Mendoza, considera que en la coordinación de los foros debió participar la «vertiente política» del equipo de López Obrador, que encabeza Olga Sánchez Cordero, y no solamente la «vertiente operativa», a cargo de Durazo.
- «Tenía que ir forzosamente de la mano, una de las grandes críticas en esta Administración fue que el componente operativo siempre se subordinó a la decisión política y en el caso del sexenio del anterior, la parte operativa subordinaba a la política.
- «Entonces, creo que aquí se buscaba un equilibrio que desafortunadamente no se ha encontrado, todavía no arrancan las cosas y creo que es un buen momento para corregir este desequilibrio y que tengan, que recapaciten, que tienen que ir forzosamente de la mano el guante de la política y el guante operativo», destaca.
Mendoza señala que uno de los errores que motivó cierto «desangelamiento» del ejercicio fue que se no transmitió que era un proceso de escucha y recopilación de información, pero que no podría de manera inmediata dar respuesta a los reclamos de las víctimas.
El 11 de octubre, después de que la futura secretaria de Gobernación declaró que buscarían reanudar los foros, se anunció que los de Tamaulipas y Sinaloa sí se llevarán a cabo, aunque no en formato de mesas temáticas como los anteriores, sino de diálogo por la paz.
Durazo sostiene que los encuentros han sido extraordinarios y un modelo en términos de organización y de participación. De acuerdo con datos de la coordinación de los foros, más de 10 mil personas han participado en la Consulta, tanto de manera presencial como electrónica.
- «Los foros han sido extraordinarios. Los foros se han dado invariablemente en paz. La aportación en las mesas ha sido riquísima, extraordinaria, no desestimen de ninguna manera los foros», pidió el 8 de octubre. «La participación en las mesas a las que, por razones obvias son cerradas, las aportaciones, las propuestas, son extraordinarias. No creo que sea correcto demeritar los foros», enfatizó.
-¿Fracasaron los foros? -se le preguntó ese día.
-No, no, no hombre, absolutamente no -respondió.
Loretta Ortiz, coordinadora nacional de los foros, afirma que todas las propuestas y planteamientos que se hacen durante los Foros Escucha son recogidas, sistematizadas y serán entregadas a López Obrador.
«Y de ello dependerá el diseño de las políticas públicas en materia de seguridad, pero también en otras materias, en materia de derechos humanos, atención a las víctimas del delito, justicia transicional y otros temas», garantiza Ortiz./REVISTA FORMA Y FONDO- PUNTOporPUNTO
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