El mayor desastre ambiental en la historia de la industria minera en México refleja de cuerpo entero el sexenio de Enrique Peña Nieto. Un sexenio caracterizado por las privatizaciones, las concesiones mineras y la impunidad en el caso de violaciones de derechos humanos.
- «Lo que hemos visto son grandes crímenes de derechos humanos, impunidad total en sus casos y realmente una nula atención, un abandono total por parte del gobierno de estos casos y de la atención a las personas afectadas», dice Benjamin Cokelet, fundador y codirector ejecutivo del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
- El 6 de agosto de 2014, la empresa Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. —subsidiaria de Grupo México — ocasionó el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacánuchi y Sonora, afectando la vida de 22 mil personas de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures.
- Hasta agosto de 2016, al menos 381 personas del río presentaban desechos tóxicos en sangre y orina y enfermedades de la piel, renales, cardiovasculares y oculares.
- Aunque el Fideicomiso Río Sonora prometió 36 plantas potabilizadoras para eliminar los metales pesados en el agua, solo se instalaron cinco. Un informe de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) y de PODER documentó en mayo pasado las irregularidades y la falta de respuesta de la empresa y el Estado a cuatro años de esta emergencia medioambiental.
Aunque los pobladores indican que se realizan muestreos el ácido sulfúrico se ha filtrado en las profundidades del río y en algunas partes del río ni siquiera se han comenzado los trabajos de limpieza, en Aconchi, Sonora, el 9 de septiembre de 2014.
- «Cuando dejamos al abandono a los sujetos afectados por crímenes de derechos humanos cometidos por empresas o intereses particulares, estamos cediendo cada vez más, la nación y el Estado, a estos intereses de facto», explica Cokelet en entrevista con el Huffington Post.
- Para el fundador de PODER, el sexenio de Enrique Peña Nieto «está plagado y marcado por graves violaciones de derechos humanos», principalmente en megaproyectos de desarrollo en el que se excluye a las comunidades.
- La organización CartoCrítica documentó en diciembre de 2017 que de las 182 Áreas Naturales Protegidas, el 18% cuenta con concesiones mineras, es decir, 74 terrenos forestales donde se localizan 2.8 millones de hectáreas concesionadas a la explotación minera, aunque algunas se encuentran en etapa explorativa.
- «Ciertas partes del país están controladas por intereses económicos privados, vemos la Sierra Norte de Puebla, vemos el Río Sonora, vemos el Istmo de Tehuantepec y muchos más. Entendemos ahí que no solamente es una colusión accidentada, es una colusión que tiene por fin limpiar terrenos, despojar personas, dejar lugar a la creación de megaproyectos de desarrollo», dice Benjamin Cokelet.
Con la experiencia del derrame en los ríos Bacánuchi y Sonora, los Comités de Cuenca Río Sonora y FDPT-Atenco presentaron un Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exponer elementos jurídicos sobre el derecho a la participación pública en asuntos ambientales, específicamente en el caso de la ampliación de una presa de jales de la minera Buenavista del Cobre.
Las comunidades afectadas por el desastre de 2014 acusan filtraciones de ácido por parte de la presa, además de un posible desplazamiento del territorio. Aunque la SCJN no ha fallado en el caso, las organizaciones esperan sentar un precedente para que las comunidades puedan participar en las decisiones de proyectos medioambientales.
Lo que nos preocupa como organización es el avance de los megaproyectos, la nula atención por parte del gobierno y muchas veces graves crímenes de derechos humanos que terminan despojando o limpiando zonas y que luego son tomados por intereses, sea fracking, sea minería, sea de infraestructura, transporte.
- Entre julio de 2016 y diciembre de 2017, 29 defensores ambientales fueron asesinados en México y se registraron un total de 88 ataques en contra de los activistas, de acuerdo con el Informe anual sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).
- Los proyectos o actividades más frecuentemente relacionados con los ataques documentados por CEMDA fueron 17 casos por despojo de tierras y territorio; 17 por minería (17 casos); 14 casos por proyectos de infraestructura; ocho casos por hidroeléctricos, entre otros./ CON INFORMACIÓN EN HUFFINGTON POST
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