El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado en el país más de 8,000 empresas que, presuntamente, simulan operaciones, las cuales han facturado 2.04 billones de pesos a través de comprobantes apócrifos.
- Samuel Magaña, administrador central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal del SAT, indicó que del 2010 al corte del 2 de agosto de este año la autoridad fiscal ha publicado en el Diario Oficial de la Federación así como en su página de Internet 8,301 empresas que presuntamente simulan operaciones.
- El listado, sustentado con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y conocido como la lista negra, precisa que de este total de empresas 5,426 están consideradas como definitivas, es decir, simularon operaciones.
- “En su totalidad, las 8,301 empresas han facturado 2.04 billones de pesos. Consideramos a todas las empresas publicadas porque, en general, muy pocas de éstas han logrado desvirtuar sus operaciones. Desde que entró en vigor este artículo, sólo 120 han logrado desvirtuar”, refirió el administrador central.
Explicó que los 2.04 billones de pesos son resultado de las facturas que se emitieron, mas no la recaudación, que no se ha obtenido por este tipo de evasión fiscal. “Para saber cuánto representa de la recaudación, hay que hacer un cálculo de cuánto están erosionando la base de renta, en donde entran muchos factores, pero lo que sí puedo decir es que el impuesto omitido es mucho menor a lo que se ha facturado”.
- Agregó que las 5,426 empresas que ya están consideradas como Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) han tenido interacción con otros 350,000 contribuyentes que han intercambiado facturas con ellos y se convierten, por tal motivo, en Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS).
- A diferencia de las EFOS, a las EDOS la autoridad no las publica, aunque sí les realiza auditorías para ver la materialidad de los servicios que están deduciendo. Incluso varias de estas empresas se acercan solas al SAT para corregir su situación fiscal, indicó el administrador.
Refirió que si bien el SAT ha logrado combatir este problema, duda mucho que se pueda erradicar por completo; no obstante, destacó que la autoridad fiscal ha sido mucho más asertiva y se ha agilizado para identificar estas empresas.
“En un breve plazo, va a ser mucho más rápido poner freno. No se va a acabar o erradicar, pero las acciones puntuales que se toman son las que permiten inhibir estas prácticas. La tendencia es ser todavía más agudo en las revisiones”, precisó.
No perseguimos, aportamos pruebas
Por otro lado, respecto a los delitos fiscales, Samuel Magaña expuso que el SAT no es quien persigue dichos ilícitos, sino quien aporta las pruebas necesarias y da alarma a la Procuraduría General de la República (PGR).
- “El SAT no es quien persigue estos delitos, nosotros sólo aportamos las pruebas para enviarlas a la PGR y ella, en su caso, es quien valora si hay un delito que perseguir, de ahí se integra una carpeta de investigación y se consigna ante un juez, quien es el que decidirá si se lleva a cabo o no un proceso penal”, dijo.
- Añadió que con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, en junio del 2016, los delitos de carácter fiscal dejaron ser graves, por lo que cometerlos no conlleva la pena privativa de la libertad. Aquí se considera también a la expedición o compra de facturas apócrifas.
- “Este nuevo sistema privilegia los acuerdos reparatorios o la cita de los inculpados ante la PGR para tratar de llegar a un arreglo. Si sucede esto último o al final se pagan las contribuciones omitidas o el daño se resarce, quien lo cometió no tendría privación de su libertad”, acotó.
Detalló que si bien existen diversos niveles de complejidad en el ofrecimiento de estas facturas apócrifas, para identificar a aquellas empresas que las están expidiendo el SAT realiza un análisis a profundidad de los flujos financieros de las empresas, así como de las actividades que realiza, al tiempo que verifica que el comercio tenga trabajadores, domicilio localizado y activos para llevar a cabo la actividad.
“Analizamos para qué necesitan ciertos servicios y ver si en verdad se prestó el servicio. Lo que hacemos es auditarlos, requerirlos, compulsarlos para verificar qué servicio prestó y verificar que en verdad se haya hecho”, destacó.
Hace algunos días, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, advirtió que en su gobierno la emisión de facturas apócrifas sería considerada como un delito grave, lo cual expertos en el tema señalaron como un acierto para combatir el lavado de dinero y defraudación fiscal.
“Se creará la Secretaría de Seguridad Pública; se contará, desde antes del 1 de diciembre, con el fiscal general, el fiscal anticorrupción y el fiscal electoral, al mismo tiempo que se elaboran las iniciativas de ley para hacer una política de Estado de austeridad republicana; convertir en delito grave sin derecho a fianza el robo de presupuesto, de los energéticos, la emisión de facturas falsas y el fraude electoral”, declaró López Obrador./ CON INFORMACIÓN DE EL ECONOMISTA
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