Tanto policías, Ministerios Públicos o agentes de Investigación continúan realizando actos de tortura contra detenidos para que se declaren culpables de delitos que no cometieron.
- Tras identificar un patrón de acciones de que violan los derechos humanos de los asegurados por un delito, la Comisión de Derechos Humanos emitió ayer la Recomendación 06/2018 contra la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia capitalina.
- El organismo identificó que las autoridades siguen utilizando los golpes, lesiones y amenazas como si fuera un método de investigación, durante las detenciones, los traslados y las instancia de los imputados en las agencias del Ministerio Público. Dichas acciones vulneran los derechos a la libertad e integridad personal, así como debido proceso y al acceso a la justicia.
- «Hay un patrón que te habla de impunidad, hagamos algo para atacar el patrón, hay un patrón que te habla que en las detenciones hay una violación al debido proceso, que hay tortura, trabajemos por eso (…) son cosas que requieren un cambio profundo en la lógica del ejercicio de la impartición de justicia, de la seguridad», dijo Nashieli Ramírez a medios tras la presentación de la Recomendación.
Agregó que las acciones policiales no se remiten únicamente al uso desproporcionado de la fuerza o a un abuso de autoridad, sino a acciones que repercuten en la integridad física y psicológica de las víctimas con fines para obtener información, confesiones o se autoinculpen.
La Comisión aclaró, con la Recomendación 5/2018, que han dado acompañamiento a 20 casos, en las que las denuncias realizadas por tortura fueron desestimadas o se determinó el no ejercicio de la acción penal o se fueron a reserva porque se iniciaron por otros delitos y no por tortura.
Al respecto la CDH solicitó a la PGJ y a la SSP crear un sistema de cadena de custodia de las personas detenidas, que se registre en el instante preciso y de forma completa la información esencial de la acción policial y qué funcionarios actúan durante el proceso.
Se pidió también a la Contraloría Interna o a la Fiscalía Especial para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos para que se realicen las investigaciones correspondientes contra los funcionarios señalados por las víctimas, entre otros puntos./REFORMA
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