En noviembre del 2003, la fotografía que llegó a las redacciones parecía parte de lo que ahora se llama noticias falsas. No era para menos. Cuauhtémoc Cárdenas sonreía a las cámaras acompañado de cuatro políticos. Uno de ellos, sobresalía: Manuel Bartlett, sí, el mismo que es considerado el operador de del fraude electoral de 1988 que llevó a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari.
- Cárdenas sonriendo junto a su correligionario Pablo Gómez, el oaxaqueño José Murat, el mencionado Bartlett y el michoacano Leonel Gody. Esos eran los personajes que atendían las peticiones de los fotógrafos que sabían que no se trataba de una toma más.
- En efecto, no era una foto falsa, no era una imagen “arreglada”. Era real. Cárdenas hacía a un lado el histórico encono y se sentaba a pactar con Bartlett, el padre de la llamada “caída del sistema” que de acuerdo con su dicho le impidió llegar a Los Pinos hace 30 años.
La razón para hacer a un lado el agravio
Reunidos en un salón del hotel Camino Real del entonces llamado Distrito Federal, el hijo del general Lázaro Cárdenas tomó el micrófono y respondió sin rodeos:
“Cuando se trata del interés de la nación y los mexicanos, podrán vernos juntos a quienes militamos en diferentes fuerzas políticas, quiénes hemos estado confrontados en el pasado y quienes tenemos un claro compromiso por defender los intereses del país”.
Veinte años después
- El 4 de junio de 2013, cuando se discutía la reforma constitucional en materia energética, Manuel Bartlett Díaz, senador por el Partido del Trabajo (PT) en esa época, advirtió: “Estamos en vísperas del segundo paso del otro gran pacto: romper la propiedad nacional del subsuelo y permitir la entrada de empresas trasnacionales; como antes lo hicieron en la industria eléctrica, ahora con la petrolera”.
- Durante la presentación del libro Estrategia urgente en defensa de la nación, coordinado por él, Bartlett advirtió que la reforma energética de 2008 emprendida por el gobierno de Felipe Calderón “fue derrotada, pero eso no se supo; tenían el control de la opinión pública nacional”.
- Y advirtió: “Ahora están listos para volver a hacerlo. Los tres partidos firmantes del Pacto por México tienen mayoría para reformar la Constitución. El verdadero pacto es con el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y con el Woodrow Wilson Center. La mano y el interés manifestado por múltiples instancias de apoyo y promoción de sus intereses en el país”.
El coordinador de la entonces raquítica bancada del PT –aún no se fundaba el Movimiento de Regeneración Nacional– citó el documento del ITAM y del Woodrow Wilson International Center titulado Un nuevo comienzo para el petróleo mexicano: principios y recomendaciones para una reforma a favor del interés nacional.
Las sugerencias de ese documento se cumplieron cabalmente; igual sucedió con los planes de otro memorándum de 31 cuartillas elaborado por el senador estadunidense Richard Lugar, republicano de Indiana y experto en asuntos energéticos, fechado el 21 de diciembre de 2012, quien recomendó aprovechar la negociación de los Acuerdos Transfronterizos de Hidrocarburos (ATH) para lograr una “reforma profunda” en materia energética en México.
Ese documento fue citado por el propio Bartlett en la tribuna del Senado. La parte medular de la sugerencia de Lugar consistía en reformar Pemex para que Estados Unidos pudiera trabajar en sociedad con la empresa pública, no sólo en contratos de servicios.
El legislador poblano quería contratos para aprovechar la renta petrolera mexicana. Para ello se necesitaba modificar el artículo 27 constitucional y generar una serie de leyes secundarias para quitarle a Pemex el monopolio de la exploración y producción de hidrocarburos.
Las modificaciones legales de 2012
El Senado aprobó en la madrugada del 12 de diciembre de 2012 las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, más un paquete de 21 artículos transitorios que modificaron el uso histórico sobre los recursos naturales: el petróleo seguirá siendo “nuestro”, pero la renta petrolera extraída de éste (el auténtico valor del principal recurso del subsuelo mexicano) pasaba a ser compartida con las empresas trasnacionales.
La reforma constitucional propuso cuatro modelos de contrato: de utilidad compartida (incluido en la iniciativa original del Ejecutivo federal); de producción compartida; de licencia, y una combinación de los tres anteriores.
- Durante el debate de aquella madrugada, Bartlett distribuyó un extenso y detallado “voto particular en contra”. En él acusó al presidente Enrique Peña Nieto de violar la soberanía nacional y la Constitución, así como de caer en los supuestos de traición a la patria establecidos en el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución y en el 123, fracción I, del Código Penal Federal.
- La aplanadora priista y panista funcionó. El 13 de diciembre, el coordinador de la bancada priista, Emilio Gamboa Patrón, presumió la disciplina de su partido y desestimó las acusaciones de Bartlett –viejo conocido desde que ambos estuvieron en los gabinetes de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas–, quien señaló numerosas violaciones al procedimiento legislativo y al reglamento del Senado.
Después de esa reforma constitucional, el 30 de abril de 2014 el Ejecutivo federal envió una batería de nueve leyes secundarias en materia energética y eléctrica. Entre el 14 y el 15 de julio siguiente los legisladores leyeron, debatieron sobre el contenido de más de 2 mil páginas y aprobaron cuatro dictámenes de enorme complejidad técnica en materia de Ley de Hidrocarburos, Ley de Inversión Extranjera, Ley de Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, las respectivas leyes orgánicas de Pemex y de CFE y las normas de los nuevos organismos coordinadores en materia de energía.
En medio de la discusión en el pleno del Senado, Bartlett y la bancada petista, junto con algunos legisladores del PRD –que en 2017 se integraron a la bancada de Morena–PT–, se retiraron del salón de sesiones. “No vamos a convalidar un método de imposición que violenta el reglamento”, reprochó Bartlett.
Una de sus advertencias más claras sobre los efectos de la legislación secundaria en materia energética y eléctrica es que legalizaban el “gran despojo” de hectáreas enteras bajo la figura de “ocupación temporal” o el “pago por la vía de servidumbre”, que implica, dijo en esa ocasión, “la contratación de los dueños originales de la tierra por parte de las compañías mineras, eléctricas, hidroeléctricas, petroleras, gaseras o de cualquier modalidad de energía”.
En tribuna se citaron las graves violaciones y despojos que han cometido empresas extranjeras en el parque eólico La Venta, Oaxaca, donde operan compañías eléctricas extranjeras, como la francesa Electricité de France (EDF), la italiana Ente Nazionale per la Energía Elettrica (Enel), la australiana Fondo de Infraestructura Macquarie, la holandesa PGGM, la japonesa Mitsubishi, las españolas Iberdrola (la más grande operando en México), Gamesa, Acciona, Gas Natural Fenosa, así como las mexicanas Peñoles, Grupomar, Cemex y Grupo Salinas.
- Bajo esta nueva legislación, Pemex y la CFE pasaron a ser “empresas productivas del Estado”, con un nuevo régimen fiscal que las asfixia para competir con los privados, y una nueva regulación que las convierte en apéndices del Ejecutivo federal.
- Pemex y CFE, advirtió Bartlett en tribuna, entraron a la competencia con enormes deudas acumuladas. En el caso de la CFE la deuda total ascendía en 2014 a 325 mil millones de pesos, de los cuales 180 mil millones correspondían a proyectos de infraestructura bajo la figura de los Proyectos de Inversión de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas) que la compañía contrajo para construir plantas generadoras de electricidad.
- Para 2015, el panorama que Bartlett advirtió desde el sexenio de Ernesto Zedillo se había cumplido: 45% de la generación de energía eléctrica del país ya estaba en manos de grandes corporaciones privadas, como las estadunidenses AES, Intergen y Sempra Energy, donde trabajan exfuncionarios de la Secretaría de Energía y de Comunicaciones y Transportes; las españolas Iberdrola, Union Fenosa, Mareña y Endesa; la canadiense Transalta; la japonesa Mitsubishi, y la belga Tractabel. / CON INFORMACIÓN DE PROCESO
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