El proceso anunciado de descentralización de las secretarías de Estado debe analizarse a profundidad con el equipo del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, una vez que reciba su constancia de mayoría, puesto que “no es de la noche a la mañana”.
Tampoco es algo que se pueda dar por decreto o con un oficio, sino que tiene que ser a mediano y largo plazos, coincidieron los vicepresidentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Marco Antonio García Ayala, dirigente del sindicato de la Secretaría de Salud, y Luis Miguel Victoria Ranfla, líder del sindicato del ISSSTE.
- En entrevista, Marco Antonio García Ayala subrayó que “es un tema muy amplio, complejo y el caso de la Secretaría de Salud es sui géneris, porque tiene oficinas administrativas en las que laboran unos 9 mil 500 trabajadores y respecto a los que están en la red hospitalaria, tajantemente se lo digo: a ellos sí sería imposible descentralizarlos”.
- Luis Miguel Victoria Ranfla señala que “partiendo de que no tenemos más información de la que ha salido en los medios de comunicación, como el que no se tocará a los trabajadores de base, en primer lugar, no nos oponemos a la descentralización como tal, si beneficia a la mayoría de los mexicanos y, dos, para que se pueda dar tienen que existir las condiciones necesarias para los trabajadores y sus instalaciones”.
- Precisó que si en la Ciudad de México no ha sido posible agrupar a todas las direcciones centrales en un solo edificio, difícilmente se podrá conseguir eso en otra entidad para que sea un beneficio operativo. En coincidencia, García Ayala afirmó que si no ha sido fácil mudar al personal de un edificio en Paseo de la Reforma afectado por el sismo del pasado 19 de septiembre, será complicado hacerlo con toda una estructura.
Resaltó que ante todo está la normatividad que protege la inamovilidad de los trabajadores de base sujetos a la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, en la que se establece la garantía de inamovilidad, por lo que no pueden ser removidos a otro lugar. Y aclaró que en el diálogo establecido en el proceso pueden surgir empleados de base que decidan cambiar su residencia, en este caso al estado de Guerrero, donde está planteado que se establezca la Secretaría de Salud.
“Pero no puede ser que por una firma u oficio, a partir de mañana o en un mes los cambien a otra entidad, eso sí no es posible, sí sería más difícil porque, entre otras cosas, los trabajadores han prestado por años sus servicios en un domicilio, tienen una vivienda que han pagado o continúan haciéndolo gracias a un crédito del ISSSTE y no es factible decirles: ‘Ya se cambian’”.
Cero despidos. Luis Miguel Victoria Ranfla, dirigente del sindicato del ISSSTE, coincidió en que no se deben afectar los ingresos y derechos de los trabajadores al servicio del Estado, por lo que destacó la importancia de iniciar un diálogo razonado y sustentado para llegar a acuerdos respecto a la situación de los 85 mil agremiados que tiene esa organización, de los cuales 45% laboran en la CDMX y su Área Metropolitana.
Puntualizó que de darse este proceso, “no puede ni debe haber despidos” y mencionó que en el caso del instituto, 70% del personal labora en servicios médicos, “pero eso no quiere decir que estemos completos.
En enfermería trabajan como 6 mil, cuando debe haber 100 mil, sin abrir un centró más, sólo con los que tenemos, y en médicos son 18 mil y debemos tener por lo menos 30 mil más, por eso no se puede pensar en despidos cuando lo que hace falta es capital humano para elevar la calidad. No podemos tener un trato humano si una enfermera en lugar de atender a dos pacientes, tiene que hacerlo con 15”.
Complicado mudarse. Especialistas consultados coincidieron en que el traslado de las secretarías a otros estados requiere de un plan que defina cuántos empleados se irán, en cuánto tiempo, los incentivos para que acepten el cambio, así como indemnizar a quienes no accedan.
Consideraron como “complicado” este planteamiento, porque deben generarse acuerdos con los empleados y sindicatos para establecer qué va a pasar con aquellos que no quieran trasladarse a los estados, si permanecerán algunas oficinas en la Ciudad de México o se eliminarán.
Alfonso Bouzas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, consideró que al descentralizar las dependencias se impulsaría el desarrollo en los estados, pero la propuesta podría no ser viable, porque se debe resarcir a los trabajadores, darles un apoyo para la mudanza, vivienda, así como escuelas para sus hijos.
“Todos los gastos relativos a la mudanza los tiene que absorber el patrón, claro está [en este caso] del presupuesto. Tendríamos que discutir temas como la casa, el domicilio, si el gobierno proporcionaría habitación a todos los que mueve o si aquellos que serán movidos van a recibir un sobre sueldo para absorber los gastos del traslado y el asentamiento en otro lugar.
Hay que invitar a los trabajadores, convencerlos, darles las facilidades, programar su cambio, no son menos de dos años para organizar un plan de estas características”. Arturo Alcalde, abogado especialista en materia laboral, subrayó que aún es precipitado hablar sobre el destino de los trabajadores que serán trasladados, puesto que no se ha presentado el plan que se seguirá.
“Es muy apresurado hacer especulaciones sobre este tema, porque no hay nada claro todavía, apenas se hizo la propuesta de la descentralización, pero falta saber cuándo se realizará el traslado. Especular sobre este tema sólo generará incertidumbre en los trabajadores”, expresó.
Destacó que trasladar las dependencias federales favorecerá el desarrollo regional, porque se construirán viviendas e infraestructura; pidió ver la parte positiva de esta propuesta y esperar para saber los detalles de la descentralización./ CON INFORMACIÓN DE REFORMA
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