El próximo diputado federal por Morena Julio César Ángeles, quien ha estado en prisión dos ocasiones, ha frenado durante 3 años la conclusión de un gasoducto al que le faltan 1.6 kilómetros para operar y cuya inversión ya se duplicó a 100 millones de dólares.
- El proyecto está detenido desde 2015 por cuatro amparos de ejidatarios del Estado de Hidalgo, liderados por Ángeles. En este proyecto se han dado bloqueos por el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Construcción (Sinatrec), que insiste en negociar su participación y del que Ángeles fue representante, según información de la CFE.
- Primero fue a través del Sinatrec, y posteriormente organizó a ejidatarios en la zona para interponer recursos legales que detuvieran la construcción. El recién electo legislador ha estado en prisión en dos ocasiones.
La primera, durante ocho meses, por no esclarecer el destino de un millón 127 mil pesos en la cuenta pública de 2009 durante su primera administración como Presidente Municipal de Atotonilco y fue liberado en diciembre de ese año debido a que las acusaciones no fueron probadas.
En 2016, poco antes de tomar protesta para un segundo periodo como Alcalde, Ángeles fue encarcelado acusado de negociaciones indebidas con la empresa Consorcio Aguas Tratadas del Valle de México, por un monto de 202 millones de pesos, también durante su primera gestión.
- Luego de siete meses en prisión, Ángeles obtuvo un amparo federal bajo el argumento de que el delito ya estaba prescrito. El futuro diputado pidió a la empresa canadiense ATCO, a cargo del Ramal de Tula, 30 millones de pesos para destrabar el gasoducto.
- James Delano, vicepresidente de Estructuras y Logística, Relaciones Gubernamentales y Comunitarias de ATCO, señaló que la petición la hizo en 2015 durante una reunión con el Secretario del Gobierno de Hidalgo. «Nosotros no vamos a ser víctimas de ninguna presión», señaló en entrevista.
La empresa no aceptó.
Posteriormente, en junio de 2016, fue reelecto como presidente municipal de Atotonilco de Tula y fue en ese mismo año cuando sostuvo otra reunión con ATCO, el Gobernador electo de Hidalgo y la CFE, donde manifestó que los amparos habían salido de su control, sin que pudiera hacer nada para que los ejidatarios se desistieran de los mismos.
Fue en su segunda gestión como Presidente Municipal cuando impulsó un aumento del impuesto predial de 300 por ciento, bajo la justificación de que durante años no se actualizaron los valores catastrales.
Esta iniciativa se sometió a aprobación del Congreso local, mismo que la rechazó, según Ricardo Javier Rivera Barquín, presidente de Coparmex Hidalgo, quien representa a las empresas afectadas, entre las que se encuentran desarrolladores de gasoductos, cementeras y vivienderas./REFORMA
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
