El Gobierno federal hizo una pésima inversión en penales y quienes, aparentemente, realizaron un buen negocio son los proveedores.
- En 2010, la Administración federal comprometió el pago a 22 años de 199 mil 476 millones de pesos por ocho centros carcelarios bajo la modalidad asociación público-privada (APP).
Sin embargo, estos reclusorios están hoy ocupados a la mitad de su capacidad.
- El costo que paga el Gobierno hace que, en promedio, cada interno cueste al día alrededor de 2 mil 400 pesos, cifra que contrasta con lo que promedia la estancia en otros 11 penales federales y que no supera los 390 pesos.
Según el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, siete de los ocho penales bajo el esquema APP están funcionando.
- Tienen capacidad para 17 mil 648 internos, pero, al cierre de abril pasado, sólo tenían albergados a 10 mil 334 reos, es decir, estaban al 58.5 por ciento de su capacidad.
- Los otros 11 centros carcelarios federales, que no tienen participación privada, están a poco menos de la mitad: de los 18 mil 318 espacios disponibles, albergan 8 mil 660 reos, lo que significa una ocupación de 47.2 por ciento.
- Aunque en 2010, durante la Administración de Felipe Calderón, ya se sabía que la población carcelaria disminuiría por la implementación, a partir de 2014, del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se avaló su construcción en la modalidad APP.
Elena Azaola, profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), advirtió sobre el derroche.
- «Se invirtieron cantidades millonarias, verdaderamente estratosféricas, en construir unos monstruos, que son unos elefantes blancos, que sirven para absolutamente nada, porque los presos ahí están en igual o peores condiciones», señaló.
Estas cárceles, sostuvo, tal como lo ha documentado la CNDH, registran deficiencias en la prestación de servicios básicos como alimentación, atención médica, impartición de talleres y reinserción social.
- Las empresas a las que originalmente se les asignaron los contratos son ICA, Prodemex, Homex, Arendal, GIA y Tradeco, las cuales proyectaron realizar una inversión, en su conjunto, de 32 mil 822 millones de pesos para construir y poner en funcionamiento los ocho penales.
Los siete reclusorios en APP que están funcionando se ubican en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas y Michoacán, y uno femenil en Morelos.
- Al término de los 22 años de pagos anuales de 9 mil 67 millones de pesos, en promedio, los penales serán propiedad del Gobierno federal./ CON INFORMACIÓN DE REFORMA
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