El abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, aseguró que la posición de los procuradores General de la República y estatales “es política, un distractor para evitar el cumplimiento del fallo del primer tribunal colegiado de Tamaulipas. “Este asunto no es de posiciones políticas, sino del cumplimiento de un fallo judicial que no admite recurso alguno. Se trata de conocer la verdad acerca de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.” Recordó que dicho documento establece que “cuando se trate de investigaciones acerca de violaciones a los derechos humanos, como desaparición forzada, tortura o ejecuciones extrajudiciales, y haya irregularidades en la investigación, se procederá a crear una comisión independiente”./LA JORNADA
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
