A casi cuatro años de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, el proceso judicial avanza lentamente en los juzgados, partido en pedazos, entre presiones políticas, acusaciones y golpes de timón. En un hecho inédito estos años, un juez desestimó el lunes los cargos contra dos de los presuntos implicados. También ha rechazado el caso de la fiscalía contra un expolicía de Iguala y la acusación contra un presunto integrante de Guerreros Unidos, la banda criminal sospechosa de organizar la cacería de los 43 alumnos en septiembre de 2014./EL PAIS
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