Los trágicos sucesos de Ayotzinapa han provocado un eco crítico en el extranjero, al grado de que Humans Rights Watch, la defensora internacional de los derechos humanos, advirtió que esta tragedia es la peor desde la matanza estudiantil de Tlatelolco en 1968.
Tan grave es, que comunidades de mexicanos y activistas de cuando menos 13 ciudades del mundo salieron a las calles a expresar su repudio por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural y el asesinato de seis más cometidos en Iguala, Guerrero.
Las embajadas de México en Berlín, Alemania; Buenos Aires, Argentina y Londres, Inglaterra; así como los consulados en San Francisco, Los Ángeles, Nueva York y Chicago, en Estados Unidos y Montreal en Canadá, también las plazas de Sant Jaume en Barcelona y Puerta del Sol, en Madrid, además de los centros de Manchester y Bruselas fueron sede de manifestaciones en las que se exigió al gobierno mexicano la presentación con vida de los normalistas desaparecidos y el esclarecimiento de los más de 20 cuerpos hallados en fosas clandestinas en Iguala.
Pero no solo ellos han criticado la descomposición política que ha ocasionado el narco en los últimos años. También estudiosos y académicos de la realidad latinoamericana han lanzado una fuerte protesta contra lo que llaman el descontrol gubernamental de la violencia en México.
El prestigiado Centro de Estudios Latinoamericanos Brookings en Washington, Estados Unidos, lanzó un enérgico llamado al gobierno de México a retomar las riendas del orden a través de un artículo firmado por la investigadora Diana Villiers Negroponte.
En el texto, la experta en asuntos del hemisferio aseguró que a pesar de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha tratado de ocultar los homicidios y la violencia de las primeras planas de los medios de los comunicación, en parte para no alejar a inversionistas extranjeros, los recientes acontecimientos de Ayotzinapa, Tlatlaya, así como la constante inseguridad, lo han rebasado.
El artículo asegura que septiembre del 2014 es un mes negro para el país por la ejecución sumaria de las fuerzas armadas contra delincuentes en un predio de Tlatlaya, y la agresión de la policía municipal de Iguala que en contubernio con el crimen organizado mató y causó la desaparición de estudiantes.
Estos actos, así como los recientes asesinatos de políticos prominentes, han hecho surgir el espectro de que un nuevo nivel de violencia ha regresado a México, y esta vez llevado a cabo por los organismos oficiales y la delincuencia organizada.
La experta dice que difícilmente el gobierno recuperará credibilidad con los ciudadanos, sobre todo cuando tiene a su servicio organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, institución que actúa tarde y la mayor de las veces velando los intereses de la Secretaría de Gobernación.
Advirtió que el Estado mexicano lamentablemente está en riesgo de permitir que las bandas criminales que comercian con drogas ilícitas y personas tomen control de los funcionarios en los estados, por lo que los ciudadanos no saben a quién temer más: si a los delincuentes, de quienes ya se sabe la saña con la que se conducen, o a los funcionarios estatales protegidos por ellos.
Cierto, estamos ante una condición triste para México que, sin embargo, tiene remedio ya que a pesar de que se ha anunciado que se enjuiciará y castigará a los militares y policías identificados como culpables, el proceso legal debe ser transparente, ante la opinión pública, y la sanción debe cumplir plenamente con las leyes.
Con esto, el gobierno comenzaría a enviar el mensaje de que busca promover esfuerzos visibles para que estas tragedias y abusos no sucedan más.
PARA EL REGISTRO Se sabe que el PRD es un partido que aglutina a numerosas tribus. Se sabe también que esas corrientes han protagonizado enfrentamientos. Se sabe que eso ha dividido al partido como nunca antes, y se sabe que quién ha luchado por su unificación desde hace años es Cuauhtémoc Cárdenas, su líder moral y parte importante de su base fundadora. Entonces, ¿por qué agredirlo en la marcha que encabezó en la Ciudad de México? Si bien es cierto que el alcalde prófugo de Iguala es de ese partido, habrá que entender que no fue el ingeniero quien llevó a ese delincuente al sol azteca. Consignas contra el partido, sí, pero no contra personas. Esa dialéctica de linchamiento generalizado no tiene cabida en el movimiento normalista. *** Ahora sí se puso color de hormiga la violencia e inseguridad. El Congreso llamó a rendir cuentas al gabinete de seguridad en pleno. Sin precedentes. Gracias. Hasta mañana.
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