Pese a que desde los primeros meses después del arranque del proyecto, en 2009, el Congreso ya ponía énfasis en revisarlo, e incluso planteaba su cancelación, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón y sus secretarios de Gobernación Francisco Gómez-Mont y Francisco Blake se empecinaron en continuarlo, según se muestra en el Libro Blanco Proyecto: Cédula de Identidad Ciudadana, y datos proporcionados por la Segob en una solicitud de acceso a la información.
El inicio…
En 2009 se gastaron 396 millones 733 mil 717 pesos, que sirvieron para llevar a cabo los procedimientos de licitación y de adjudicación directa para contar con la infraestructura necesaria que permitiría el registro de toda la población del país, calculada en ese entonces en 115 millones de habitantes.
Dentro de esos gastos estuvieron los contratos firmados con Talleres Gráficos de México y el gobierno signó acuerdos con Axtel, Unisys México, Crypto AG y Smartmatic International Holding.
Según la administración federal anterior, a finales de 2009 comenzaron a aparecer las primeras “incertidumbres”; el Congreso de la Unión le pidió abstenerse de implementar, instrumentar y aplicar cualquier medida tendiente a la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana.
Sin embargo, según el Libro Blanco, “legalmente resultaban inatendibles para suspender el programa debido a que el mismo no derivaba de una decisión de carácter discrecional, sino que era consecuencia de un mandato legal”.
Primer exhorto del Congreso…
En el exhorto, el Legislativo afirmaba que el Ejecutivo trataba de fundamentar su aplicación en una ley que databa de 1992 y nunca había aplicado. Pese a ello, el gobierno calderonista siguió con su insistencia en la cédula y para 2010 se ejercieron 531 millones 396 mil 447 pesos.
Dentro de ese gasto se autorizaron recursos destinados a inversión física para la adquisición de equipo de registro biométrico y de encriptación, partida presupuestal 5206 “Bienes informáticos”, por un monto de 216 millones 287 mil 817 pesos.
Segundo llamada de atención…
El 3 de marzo de 2011 el Congreso de la Unión volvió a pedir al Ejecutivo que se abstuviera de seguir con el proyecto e interpuso una controversia constitucional ante la Corte, la cual fue sobreseída en septiembre del mismo año.
Para 2011, la dependencia siguió con los contratos con Smartmatic, por 150 millones 408 mil 751 pesos; Axtel-Unisys, por 178 millones 085 mil 252 pesos, y Crypto con 46 millones 510 mil 320 pesos, entre otros.
Luego del extrañamiento del Congreso, el Ejecutivo modificó el plan y decidió que la cédula ya no sería para todos, sino sólo para los menores de entre cuatro y 17 años, lo que le permitiría al gobierno cumplir con sus obligaciones frente a las empresas contratadas.
En esas condiciones, al 31 de diciembre de 2011 se lograron procesar dos millones 699 mil 416 registros de menores de edad y expedir un millón 96 mil 137 Cédulas de Identidad.
En dicho año gastaron para el proyecto 708 millones 300 mil 895 pesos.
Para 2012 se presupuestaron 931 millones de pesos para la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (DGRNPIP), pero el Libro Blanco no aclara lo ejercido para el proyecto en todo el año y sólo da algunas cifras al cierre de septiembre.
Considerando los años anteriores, donde en promedio se destinaba alrededor de 70% del presupuesto de la DGRNPIP al proyecto, al cierre de ese año se habrían destinado a la cédula unos 650 millones de pesos.
Para dicho proyecto, en 2011 y 2012, los estados gastaron 843 millones 164 mil de pesos para la Cédula de Identidad, de acuerdo con el informe del gobierno calderonista.
Orgia millonaria de recursos
En suma, para el proyecto de la Cédula de Identidad se gastaron alrededor de tres mil 100 millones de pesos.
Aunque se proyectaron cuatro millones mil 597 Cédulas de Identidad Ciudadana, un millón 659 mil 726 están bajo resguardo de la Secretaría de Gobernación en un espacio de 126.85 metros cuadrados, con un costo unitario de 11 pesos en su elaboración.
Los datos deberían destruirse…
Con las micas y los datos personales de 6.8 millones de niños es necesario saber cuál será su futuro, no obstante, esta decisión debe ser tomada con actores en la materia, aseguró el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas.
Durante una entrevista, el titular de este órgano encargado de velar por la protección de la información personal sostuvo que hasta el momento esta base de datos y su protección está en regla con lo estipulado.
Cabe recordar que esta base de datos está bloqueada, gracias a una medida cautelar interpuesta por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). /CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR
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