AGENCIAS
Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) anunciaron que impugnarán ante la Contraloría del Tribunal Electoral, un bono que aprobaron de último momento los magistrados salientes.
El Contralor del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que será nombrado por la Asamblea Legislativa en los próximos días, será el responsable de desahogar las denuncias que presentarán los diputados.
“Exigiremos que garantice una investigación objetiva y veraz sobre el bono de retiro que se autorizaron los ex magistrados”, dijo el asambleísta del PRD, Alejandro Robles Gómez.
a su ves, Eduardo Santillán Pérez, también diputado del PRD, señaló que la postura que asuma el nuevo Contralor del Tribunal Electoral sobre este tema, será determinante para su ratificación por el pleno.
Santillán Pérez, indicó que aún evalúan si cada diputado inconforme presentará de manera individual los recursos para intentar revertir el otorgamiento del bono a los ex magistrados, o si lo harán de manera conjunta.
Agregó que saben que los asambleístas del Partido Acción Nacional (PAN) también se proponen impugnar ante la Contraloría del Tribunal el otorgamiento del bono.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no se quedará “cruzada de brazos” ante el bono de retiro que en días pasados se auto asignaron los entonces magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), previo al término de sus encargos, advirtió el diputado perredista Alejandro Robles Gómez.
Robles Gómez, Secretario de la Comisión de Asuntos Político-Electorales e integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF, afirmó que este caso no quedará impune y que se llegará hasta sus últimas consecuencias.
Lo anterior, dijo, debido a que las recientes reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (CIPE) de la ciudad establecieron candados para evitar pagos extraordinarios a los magistrados del TEDF y a los consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) al finalizar sus cargos.
Robles Gómez subrayó que es una falacia señalar que los diputados de la Asamblea Legislativa no supieron ni lo que aprobaron en las reformas del CIPE, como lo aseguran los ex magistrados Alejandro Delint y Adolfo Riva Palacio, pues de antemano se presume que actuaron deliberadamente, al amparo del Contralor que ellos mismos nombraron.
Informó también que planteará un punto de acuerdo para solicitar un informe que permita saber con certeza cuánto fue lo que se asignaron los ex magistrados como pago extraordinario por su retiro.
“Ellos esgrimen que se dieron una liquidación con base en la ley, entonces vamos a darles el beneficio de la duda y a saber con certeza cuánto es lo que se asignaron”, apuntó.
No obstante, dejó en claro que todo presume que al momento en que tuvieron certeza de que no repetirían en sus cargos, procedieron a otorgarse, de último minuto, un cheque extraordinario con base en los recursos que había en el propio Tribunal.
Robles Gómez sentenció que si se comprueba que los ex magistrados se otorgaron el bono de retiro, habrá sanciones, pues se estaría hablando de un daño patrimonial.
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