RITA MAGAÑA TORRES
El presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, expresó su preocupación por los casos de los asesinatos en Tlatlaya, Estado de México, las movilizaciones de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y los hechos violentos sucedidos en Iguala, Guerrero.
En tanto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jesús Silva, afirmó que la institución federal del amparo exige que ninguna autoridad del país, ni siquiera en el más alejado de los rincones de la geografía, esté exenta de comportarse con respeto al estado de derecho.
Durante la inauguración del Seminario Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional, el líder de los senadores del PRD exigió el esclarecimiento de los hechos violentos del estado de Guerrero, sobre muertes y desapariciones.
Señaló que el Estado debe ser capaz de mantener el orden y garantizar la vigencia de los derechos humanos, que incluye de forma clara frente a la sociedad el respeto de las fuerzas del orden y armadas, por eso el caso Tlatlaya debe quedar esclarecido.
Destacó la necesidad de que se escuchen las opiniones y de manera atenta los planteamientos de los estudiantes del IPN, “nunca más condiciones de confrontación, nunca más una confrontación con los estudiantes como en 1968 y 1971”, en la víspera de cumplir un año más la matanza del 2 de octubre.
Dijo que es momento de consolidar el Federalismo para evitar disparidades regionales y desequilibrios entre el norte y sur, porque la desigual recaudación fiscal y asignación anual del presupuesto no favorece al sistema federal.
Barbosa Huerta señaló que la realización de este acto constituye una aportación del Senado al fortalecimiento del Federalismo, “no es un punto de llegada, sino el punto de partida de una reflexión colectiva a favor de una de las decisiones fundamentales del Estado mexicano”.
Para México, destacó, no ha sido fácil lograr su Federalismo, porque el país transita por visiones conservadoras y centralistas que sumergieron a la Nación en conflictos regionales.
Sin embargo, señaló, a partir de la Constitución de 1857 se expresó con claridad el carácter federal, el cual se reafirmó y fortaleció en la Constitución de 1917.
En su oportunidad, Jesús Silva recordó que todos los niveles de gobierno están obligados al respeto irrestricto de los derechos humanos.
En este marco, dijo, todas las autoridades del país están obligadas a regirse bajo el principio de máximo respeto y protección a los derechos humanos.
“Frente a la obligación de cumplir con esta exigencia no hay competencia constitucional que valga, pues ésta es la base de nuestro renovado sistema federal y la Constitución no distingue entre competencias, jurisdicciones o autoridades”, agregó.
Insistió en que todas las autoridades del país están obligadas a regirse bajo el principio de máximo respeto y protección a los derechos humanos, frente a la obligación de cumplir con esta exigencia no hay competencia, no hay competencia constitucional que valga.
“En este sentido, la institución federal de amparo exige desde su origen que ninguna autoridad del país, en ninguna de sus regiones, ni siquiera en el más alejado de los rincones de nuestra geografía, esté exenta de comportarse con respeto absoluto al estado de derecho”, precisó.
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