Matar a personas armadas, en el acto o en momento posterior inmediato, se está convirtiendo en una práctica. No se requiere demostrar que tales conductas son ilegales y violatorias de derechos humanos, sin embargo, el problema consiste en que se repiten sin que se exprese protesta pública y sin que el gobierno emprenda pesquisas.
De Tlatlaya a Tláhuac se manifiesta una clara tendencia hacia la impunidad de homicidios vinculados a actos de autoritarismo en la lucha en contra del llamado Narco. Esto es parte de la «guerra» declarada por Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto, pero tiene su singularidad, pues acoge una doctrina criminológica extrema, brutal y falsa: el derecho penal del enemigo.
Según esa doctrina, el enemigo, el delincuente, ha transgredido el pacto fundamental y es, por tanto, un elemento a quien no se le puede aplicar la legislación como a cualquiera otra persona, sino como alguien cuyos derechos están disminuidos por la propia situación en la que se encuentra y por las decisiones que él mismo ha venido tomando en contra de la sociedad. Si ese delincuente es particularmente violento, entonces la misma doctrina lo abarca, como es lógico, dentro de la respuesta especialmente violenta de la autoridad.
La teoría de la pena se basa en ver a ésta como un mecanismo de sanción ejemplar, una especie de sistema disuasivo de actos prohibidos por las leyes penales. Pero dicha teoría ha sido analizada bajo una lupa crítica y, al menos, se ha puesto en duda que funcione de esa manera. Mas la pena de muerte está prohibida en México desde 1857, cuando se expidió la Constitución de ese año, quedando entonces con esa sanción sólo unos pocos delitos que tampoco iban a ameritar la pena capital cuando se construyera el sistema penitenciario, al cabo de lo cual, la Carta Magna fue olvidada y se fusilaba a cierta clase de personas.
Tenemos ahora que una parte de la sociedad manifiesta aprobación por combates en los que mueren todos los malos, lo cual no ocurre en las guerras formales. Tenemos también una autoridad que cree que matar es una mejor manera de desalentar el narcotráfico, el asesinato, el secuestro y la extorción: el derecho penal del enemigo llevado a la supresión del primer derecho humano, el de la vida.
Así, un segmento social agraviado o sólo disgustado por la violencia se pone del lado de la misma y facilita, de tal forma, que la fuerza armada, a la que se ha dado extraordinariamente el encargo de llevar ante la justicia a los más violentos criminales, viole la misma ley que defiende.
Peña Nieto ha dicho que nadie debe obedecer órdenes ilegales. Pero como eludió señalar a qué se refería en concreto y habló unos pocos días después de la matanza de Tláhuac, más bien se entiende que estaba tratando de negar que tales órdenes pudieran impartirse desde su gobierno. No se trata de órdenes verticales sino de informales órdenes consentidas: otro mecanismo, pero también contrario a la ley y los derechos humanos.
Muchos saben que la solución de fondo sería superar la prohibición penal de las drogas y crear un sistema de control estatal y social de las mismas pero, mientras tanto, tenemos un problema: alguna parte de la sociedad y una gran parte del Estado simpatizan con la venganza homicida.
Justo cuando los infantes de marina salían de Tláhuac, ocurrían dos hechos aparentemente contradictorios: por un lado, unos, incluso comunicadores, comentaban que así es como hay que actuar, con arrojo y valentía, para detener a los vendedores de drogas; por el otro lado, otros hacían vallas al cadáver de Jesús Pérez Luna, «El Ojos», y despedían su ataúd con aplausos y vítores. Se podría suponer que esos eran dos bandos en lucha, pero tal idea habría que ponerla bajo aquella misma lupa crítica con el fin de buscar las relaciones entre la teoría del delito, el derecho penal del enemigo y la supremacía de la violencia mortal. Quizá no tengamos dos bandos aquí, sino sólo uno, el de la muerte.
México no debería seguir por la ruta de afrontar este problema mediante la técnica de la eliminación física de los malos, quienes, se sabe, han matado a muchos, algunos buenos y otros malos. El narcomicidio llevará a una mayor violencia y, también, al deterioro moral de la fuerza armada. Hay que replantear el problema, reconducir a las instituciones en las cuales ahora ya no importa matar, por el camino de abrir escuelas para todos los jóvenes y garantizar a ellos mismos el empleo digno.
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