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Las seis comisiones del Senado tienen listo el proyecto de dictamen de la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo federal que expide la Ley General para la Protección Niñas, Niños y Adolescentes.
En la iniciativa se prevén sanciones a funcionarios que no velen por los derechos de los menores y a medios de comunicación que utilicen, sin autorización, su imagen e identidad.
Se tiene previsto que hoy el proyecto se presente a debate en las comisiones unidas de Derechos Humanos, de Derechos de la Niñez, de Grupos Vulnerables, de Equidad y Género, así como Estudios Legislativos y el lunes próximo el pleno del Senado la discuta para su eventual aprobación.
De acuerdo con el documento, se establecen sanciones de mil 500 a 30 mil días de salario mínimo a servidores públicos federales que propicien, toleren o se abstengan de impedir cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio de que tengan conocimiento en contra los menores.
Asimismo se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación.
Ello cuando no exista autorización por escrito de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia. En estos casos se prevén diferentes sanciones económicas a los medios que exhiban a menores sin el consentimiento debido.
La nueva ley incluye la creación del Sistema Nacional de Protección Integral, instancia que establecerá políticas públicas y procedimientos de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en coordinación con todos los niveles de gobierno.
También se señala que, dentro de la estructura del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se contará con una Procuraduría de Protección y Restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Dicha instancia contará con un titular y podrán solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno para cumplir con su objetivo.
Se establece que la coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva.
Corresponderá al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el análisis de las políticas vinculadas con la protección de los derechos de los menores. Los resultados de las evaluaciones serán entregados a las Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.
En cada entidad federativa se creará e instalará un sistema local de protección, que serán presididos por la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal y de la Jefatura de Gobierno del Distrito de Federal.
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