Hace unas horas la organización internacional Reporteros Sin Fronteras liberó su informe sobre la situación de la labor periodística en el mundo en el 2017. En el texto, se afirma que la libertad de expresión está más amenazada que nunca debido a las informaciones falsas y la retórica antimedios de líderes como Donald Trump, pero también deplora la grave situación en México.
En nuestro país 10 periodistas fueron asesinados en 2016 y marzo de 2017 estuvo marcado por ataques en serie a comunicadores. Este reporte asegura que México «sigue gangrenado por la corrupción y la violencia del crimen organizado, especialmente a nivel local”, y lo ubica en el ranking solo por detrás de Siria (177) y Afganistán (120).
Pero la situación no cambiará en el corto plazo. Entre los retos para atender y resolver la inseguridad que enfrentan los comunicadores, se encuentra el erradicar la impunidad y fortalecer las fiscalías en las entidades para la investigación de los casos, dos consignas que no mejorarán en este sexenio, ni en el siguiente.
La impunidad que prevalece en la mayor parte del país hace imposible que se garantice el trabajo periodístico. Existen decenas de casos de agresiones a periodistas que no han sido sancionados, que se registran en los estados, y que no son debidamente atendidas en la mayoría de las veces.
Hace unos días se llevó a cabo una mesa de debate al respecto en la Cámara de Diputados Federal, en la que además de reconocer el problema, se planteó la necesidad de “desburocratizar” el trámite para atender la violencia contra los compañeros comunicadores.
Esta “desburocratización” se refiere a que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga menos casos y delegue la responsabilidad a las procuradurías y secretarías de seguridad locales, señaladas a priori por ser incapaces en este tipo de delitos.
La propuesta provino de Patricia Colchero Aragonés, coordinadora ejecutiva nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, quien dijo que urge la necesidad de diseñar una ley general para trasladar la responsabilidad a los estados.
Según esta funcionaria, en el Gobierno Federal ya no quieren más de esta burocracia, y pretenden evadir su responsabilidad bajo el pretexto de que deben funcionar perfectamente los enlaces de las secretarías de Seguridad Pública estatales.
Pues bien, con todo respeto señora Colchero, la suya es una propuesta equivocada, toda vez que un 40 por ciento de las agresiones a los reporteros en los estados proviene precisamente de funcionarios estatales o municipales, quienes controlan las procuradurías y secretarías de seguridad locales.
Y aunque fuera cierto que estas instituciones cuentan con más elementos a nivel local para investigar y sancionar en tiempo y forma, el compromiso por estos delitos es nulo cuando están involucrados precisamente funcionarios locales.
Con esta propuesta incongruente el Gobierno Federal pretende evadir su responsabilidad en las crecientes agresiones a periodistas, y solo sería justificable una ley que no incluya semejante conflicto de interés y que obligue atracción por la PGR en aquellos casos donde hay sospecha de agresión de autoridades de la entidad federativa. Faltaba más.
PARA EL REGISTRO De cuando los patos le tiran a las escopetas. El tirano presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió con una de sus promesas de campaña al crear una oficina destinada a dar «voz» a las víctimas de crímenes cometidos por migrantes, una medida que satisface a la base electoral más conservadora del mandatario, pero que criminaliza aún más a los indocumentados en todo el territorio estadounidense. Lamentable. Gracias y hasta mañana.
@betata75
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