Hace unos días, media decena de patrullas con uniformados portando armas de alto calibre llegaron a un supermercado en la periferia de la Ciudad de México. Haciendo gala de un protocolo ridículo, se apoderaron de entradas y salidas, y quienes por casualidad pasábamos por ahí pensamos inmediatamente en un asalto a gran escala de una banda bien organizada.
Al fin reportero, me quedé a observar. A los pocos minutos a punta de jalones subieron a la unidad a una mujer en deplorable estado, y detrás a un malencarado trabajador del lugar, que se identificó como el gerente en turno. ¿El delito? La madre, de no más de 30 años, intentó robar un gerber para darle de comer a su hijo, y hoy —pudimos constatar- está tras las rejas esperando juicio. La parte legal de la cadena de supermercados ha hecho hasta lo imposible para mantenerla recluida en prisión.
Esta preocupante escena comienza a ser cotidiana en ciudades del país; las cárceles están llenas de inocentes que están ahí por ser pobres, más que por los delitos menores que han cometido. Según datos de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), alrededor de siete mil mexicanos se encuentran presos por robar comida para sus hijos.
De ellos, el 30 por ciento ya sentenciados purga una condena de hasta 10 años por tomar sin pagar una charola de carne, una mantequilla, unas alitas de pollo, un yogurt, leche o pan, porque buscaban comer.
Este tipo de delito, en dramático aumento, se le conoce como robo famélico, y por lo general lo cometen personas de escasos recursos quienes no tienen para satisfacer sus necesidades básicas. En México, la población en pobreza y pobreza extrema se calcula en 46.2 por ciento, poco más de 50 millones de personas.
En términos jurídicos, el robo famélico se presenta cuando un individuo, sin emplear los medios de violencia física o moral, se apodera una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento.
En este tipo de robo, el principio del derecho penal permite sortear las consecuencias de la criminalización, pues una persona que roba alimentos no debe ser castigada, y son los jueces y ministerios públicos los encargados para calificar a alguien en esa condición de necesidad.
Pero, aunque por jurisprudencia no se debe ejercer penalidad, procesalmente deberá de existir la denuncia para que llegado el caso se establezca que si vuelve a robar el activo por la misma causa, se tenga el antecedente y consecuentemente no exista el estado de necesidad, por lo que –ahora sí– podrá consignarse.
Si en México se respetara la ley, la pobreza no poblaría las cárceles mexicanas. La amañada actuación de cadenas de supermercados que compra jueces y ministerios a diestra y siniestra, crea delitos a estas personas añadiendo al robo los agravantes de agresión, lesiones y hasta intento de homicidio, elevando injustamente su condición a conducta criminal.
PARA EL REGISTRO Para los que creen que la violencia no les afecta. En México, cada ciudadano paga aproximadamente 25 mil pesos de “impuesto a la seguridad”, cuya cuantía supera la de un mes de ingresos del trabajador promedio, especialmente en estados como Colima, donde el costo de la violencia per cápita es de 66 mil 500 pesos, o Guerrero, donde es de 53 mil 600 pesos. Según los resultados del Índice de Paz México 2017, la violencia le costó al país el equivalente a 18% de su Producto Interno Bruto en 2016, un año en que el aumento de los homicidios contribuyó en gran medida al retroceso en los niveles de paz del país. Ahí nomás. Gracias y hasta mañana.
@betata75
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