En su más reciente discurso ante el Congreso, el presidente de los Estados Unidos reafirmó sus intenciones de cazar y deportar a millones de indocumentados, argumentando su status de “bad hombres”, o criminales. Lo cierto es que las cifras oficiales echan por tierra su teoría falaz. Publicaciones estadunidenses advierten sobre lo engañoso de la retórica del tirano con la que pretende acabar con los «criminales inmigrantes».
El Departamento de Seguridad Interior de ese país admitió en 2014 que la mayoría de los «criminales» que deportaron eran culpables solamente de su presencia indocumentada (31.3 por ciento) y de violaciones de tránsito (15 por ciento). La mera insinuación de que los inmigrantes cometen más delitos que los ciudadanos nativos, por otra parte, ha sido desmentida y hoy por hoy están encarcelados a una tasa de la mitad de la de los nativos.
Y aunque la nueva política migratoria de los Estados Unidos refiere repetidamente a la deportación de «delincuentes», a quienes Trump llama «hombres malos» y «malos», en la realidad no exime a ninguna clase o categoría de “aliens” (extranjeros), incluidos los no criminales.
La prensa estadounidense informó de redadas de individuos sin antecedentes penales que están siendo expulsados del país en un plazo de 72 horas. El temor es omnipresente, y hay muchos informes de familias acurrucadas en sus hogares, retirando a los niños de la escuela y estableciendo planes de contingencia para proteger a los infantes ciudadanos estadounidenses si sus padres indocumentados son arrestados y enviados al extranjero.
Pero actualicémonos en esta política del terror. Esta semana se dieron a conocer dos nuevas medidas que sugieren una larga campaña política contra los inmigrantes indocumentados.
Primero, el departamento de Seguridad Interior creará a la brevedad una oficina —con el acrónimo VOICE— para recopilar información de las víctimas de presuntos crímenes, que se financiará con «todos y cada uno de los recursos que se utilizan actualmente para abogar en nombre de los extranjeros ilegales» (la mayoría de los cuales nunca han cometido un crimen).
Y segundo, este instancia también «identificará y cuantificará todas las fuentes de asistencia directa e indirecta» a México, obviamente para evaluar el apalancamiento estadounidense contra el gobierno mexicano en cumplimiento de los deseos de Washington.
Deportar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados estimados será imposible, aunque el miedo que ya logró imponer este bravucón empujará a un número sin precedentes de mexicanos y centroamericanos de vuelta a sus países de origen, donde no hay trabajo ni seguridad social para ellos.
Esa carga, y la pérdida de las remesas de los inmigrantes, causarán a México y las naciones de Centroamérica un daño incalculable.
PARA EL REGISTRO El Reporte Anual 2017 de la Estrategia para el Control de los Narcóticos que elaboró el Departamento de Estado de los Estados Unidos “descubre” que México es el principal país proveedor de drogas a ese país y pese a los esfuerzos del gobierno de Enrique Peña Nieto por combatir al trasiego de narcóticos, la corrupción por narcotráfico socava los avances en el combate al flagelo. Se detalla que el territorio mexicano es el corredor más utilizado por los narcotraficantes para meter todo tipo de drogas a los Estados Unidos. Por favor, eso se sabe desde hace 10 años. Lo que se omite es mencionar que a pesar de que la corrupción mexicana permite ese flujo de narcóticos, es el consumo de los estadunidenses el que hace prosperar este ilícito negocio. Gracias y buen fin de semana.
@betata75
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