RITA MAGAÑA TORRES
Los senadores del PAN, Roberto Gil y Luis Sánchez, del PRD, solicitaron la realización de una consulta popular para reducir en 50 por ciento las remuneraciones y prestaciones del presidente y altos mandos de la Administración Pública Federal.
El documento que entregaron el pasado 12 de septiembre a la Mesa Directiva cuenta con la firma de 43 legisladores y propone crear una Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos reglamentaria al artículo 127 constitucional para fijar límites máximos de sueldos y remuneraciones.
La consulta popular fue solicitada de acuerdo con lo que establece el artículo 12, fracción II, de la Ley Federal de Consulta Popular, con el equivalente de al menos 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso.
De acuerdo con los senadores del PAN y PRD, la consulta plantea la pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que se emita una ley que fije límites máximos a las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos, y que se reduzca en un 50 por ciento las que actualmente perciben el presidente de la Republica y altos servidores públicos de la federación?
De acuerdo con datos del II Informe de Gobierno, los gastos personales en la Administración Pública Federal han aumentado en un 14 por ciento en los primeros años de gobierno. De este incremento el 60 por ciento se dio en el último año.
En la Secretaría de Economía 40 por ciento de las plazas de un nivel igual o mayor al de jefe de departamento y éstas se llevan 75 por ciento del gasto.
Asimismo, en la Presidencia de la República el 43 por ciento de las plazas corresponden a mandos medios y superiores y éstas absorben el 99 por ciento de gasto.
Los legisladores advierten que la propuesta para reducir un 50 por ciento sueldos y remuneraciones en la Administración Pública Federal, implicaría un ahorro de aproximadamente 20 mil millones de pesos, que serían utilizados en proyectos sociales y productivos.
La solicitud de consulta popular por parte de los senadores Roberto Gil y Luis Sánchez fue turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis y discusión.
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